Sede del Servicio Nacional de Salud donde se descubrió un fraude que alcanzaría los 15 mil millones de pesos.
La segunda fase del caso Seguro Nacional de Salud (Senasa) parece haber entrado en punto muerto. A cinco meses de que la Procuraduría General de la República anunciara que trabajaba “sin descanso” para judicializarlo, los avances visibles son escasos y la expectativa pública comienza a diluirse.
En las últimas semanas, los interrogatorios en la PGR, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se han reducido de manera significativa, en medio de una actividad que luce cada vez más tímida.
Baja intensidad
Durante el día, es notoria la baja afluencia de personas hacia los despachos de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y del procurador adjunto Wilson Camacho, responsables de la persecución penal.
José de león
Todo apunta a que el órgano persecutor ha concentrado su atención en otros procesos, dejando en segundo plano los interrogatorios vinculados al caso Senasa 2.0.
El 16 de diciembre del pasado año, Reynoso aseguró que un equipo especial de fiscales trabajaba de forma intensiva en la nueva fase del expediente, que enfrenta una estructura de corrupción administrativa que habría afectado al Senasa y a más de siete millones de afiliados.
“Nunca el Ministerio Público da una fecha; por razones evidentes y de estrategia no podemos precisarlo, pero será en un plazo razonable”, afirmó entonces. Sin embargo, ese “plazo razonable” comienza a extenderse más de lo esperado.
El pasado mes, Wilson Camacho aseguró que la “solidez de las pruebas” en la nueva fase del caso está ejerciendo presión sobre los implicados, quienes incluso han comenzado a explorar posibles acuerdos.
Sostuvo que las investigaciones abarcan tanto hechos pasados como actores vinculados al presente, y que el trabajo del Ministerio Público se mantiene activo.
“Aunque parezca que no hay movimiento, los fiscales siguen trabajando intensamente. Los resultados serán visibles cuando presentemos la segunda parte del caso”, afirmó.
Para hoy está pautada la revisión obligatoria a los imputados del desfalco en la ARS estatal.
Proceso Senasa
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
En tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella cumplen prisión domiciliaria, con garantía económica e impedimento de salida del país.
Escándalo en salud
El desfalco en el Seguro Nacional de Salud estremeció a la República Dominicana, afectando a más de siete millones de afiliados y configurándose como uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en el sistema de salud.
Judicialización
Detectado a finales de 2025, el caso involucra un presunto fraude superior a los 15,000 millones de pesos.
A través de un entramado criminal, se habrían desviado fondos destinados a medicamentos mediante contratos irregulares, impactando directamente a los sectores más vulnerables.
La red, desmantelada mediante la denominada “Operación Cobra”, incluye exfuncionarios, proveedores y particulares acusados de manipulación financiera, falsificación de documentos, lavado de activos y desfalco al Estado.
Uno de los puntos críticos es el contrato con la empresa Farmacar, mediante el cual se realizaron adjudicaciones directas por más de 11,000 millones de pesos, sin los procesos de licitación correspondientes.
Impacto
El caso golpea directamente el sistema de salud de más de 7.5 millones de afiliados. El juez Rigoberto Sena calificó el expediente como “tétrico, sombrío y extremadamente grave”.
La justicia lo declaró complejo y ha impuesto medidas de coerción contra los implicados. Organizaciones como Participación Ciudadana lo consideran un duro golpe a la confianza en las instituciones públicas, al tiempo que exigen sanciones ejemplares contra los responsables.
El 5 de febrero pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación presentada por Santiago Hazim, exdirector del Senasa, y otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, por lo que continuarán cumpliendo prisión preventiva.
Sociedad espera respuesta
Aunque una fuente reveló a El Nacional que las pesquisas de la segunda fase del caso Senasa estaban previstas para iniciar la pasada Semana Santa, nada de eso ha ocurrido, lo que ha generado preocupación en algunos sectores de la sociedad civil, especialmente en el movimiento cívico Participación Ciudadana, que demanda una justicia más ágil y confiable.
El órgano acusador ha informado que muchos investigados en el caso han manifestado la disposición de llegar a acuerdos con el Ministerio Público.
