En aras de la transparencia se requiere que el Ministerio de Educación (Minerd) y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) ofrezcan, liberada de complicados léxicos jurídicos y administrativos, una cabal explicación sobre el proceso de adjudicación de compras a 52 empresas de 752 mil equipos de computadoras por un valor superior a los nueve mil millones de pesos.
Se ha dicho que la DGCP anuló la adjudicación de 45 de esos lotes de notebook, laptops y tabletas, además de disponer que el Minerd emita nuevos actos de cesión de esas órdenes de compra por un valor exacto de $9,354.9 millones, bajo el argumento de que no fueron distribuidos en la fecha establecida.
El Ministerio de Educación convocó el 16 de noviembre de 2020 a participar en el proceso de “Excepción de Urgencia” para la adquisición de dispositivos tecnológicos, y el 22 de diciembre aprobó la adjudicación de los 56 lotes que sumaron 752 mil equipos por un valor de $10,324.4 millones, de los cuales la DGCP objetó 639 mil contenidos en 45 lotes.
Propias instancias educativas rechazaron demandas elevadas por empresas que no resultaron gananciosas en el proceso de licitación, pero la DGCP acogió las objeciones planteadas, por lo que ha emplazado al comité de compras y contrataciones del Minerd a ponderar esas ofertas económicas y emitir un nuevo acto de adjudicación.
El problema se complica aún más porque ha trascendido que el Ministerio de Educación adelantó recursos a las empresas que ganaron la licitación, pero la Dirección de Contrataciones Públicas alega que los equipos no fueron entregados o distribuidos en la fecha establecida en esos contratos.
Educación y suplidores objetados por la DGCP acudirían ante el Tribunal Superior Administrativo para solicitar la revocación de la resolución que virtualmente anula la mayoría de los lotes de compra de equipos en ese proceso de licitación, bajo el argumento de que el órgano de control se excedió en sus atribuciones.
De lo que se habla es de un proceso administrativo que involucra más de diez mil millones de pesos, de los cuales la DGCP ha puesto reparos a la adjudicación de compras por $9,354.9 millones, por lo que dependencias públicas están compelidas a explicar sus respectivos procederes con absoluta claridad.
Antes de que este expediente se extravíe en vericuetos jurídicos y procesales o de que humaredas de conveniencia lo cubran por completo, es preciso que los titulares de la DGCP y de Minerd expliquen en buen español la historia completa de este caso, en el entendido de que ninguna resolución o decisión se basta por sí sola.
