El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aseguró hoy que sólo ha pagado 263 millones 460 mil 199 pesos de la parte ejecutada por la empresa Transcore Latam, para la remodelación de la semaforización del Gran Santo Domingo.

Explicó que en total ha pagado 263 millones 470 mil 199 pesos con cuatro centavos, equivalente al 20% del 65.54% de lo que hasta el momento se ha ejecutado del contrato.

La aclaración fue hecha a propósito de una información suministrada ayer a El Nacional a través de una fuente del Intrant, que indica que el contrato con dicha empresa se ha ejecutado en un 65.54 por ciento, con un pago de 863.16 millones de pesos.

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El contrato con Transcore Latam fue anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el expediente enviado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El director de la DGCP anunció que en dicho contrato se detectaron graves irregularidades que lo obligaron a su anulación y al sometimiento del caso por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

“En atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer ‘Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas’, lo que implica la nulidad del referido contrato”, declaró el director de la DGCP, Carlos Pimentel, durante una rueda de prensa ayer.

Añade que la decisión se toma “tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez.

Pimentel anunció que concluyó el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación que tenía como finalidad la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”, la que fue adjudicada a Transcore Latam por un monto de 1,317 millones de pesos, pese a que el proceso contemplaba inicialmente un monto de 1,200 millones. Ello compromete al Estado por encima de su disponibilidad y “podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”.

Entre las irregularidades cita indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.

Sobre la empresa adjudicataria dijo que identificó un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final.

“Ese fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones”, dijo el director de DGCP.

Silencio

Transcore Latam SRL ha mantenido silencio, hasta el momento, ante la decisión tomada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, de anular el contrato y someter el caso para fines de investigación por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).