Santo Domingo.-Los gobiernos de República Dominicana llevan más de 40 años implementando normas con las declaraciones juradas de bienes destinadas a controlar la corrupción administrativas en las dependencias del Estado, pero aunque el país es signatario de convenciones internacionales que luchan contra ese flagelo, no ha logrado reducir el problema, según reportes de agencias nacionales e internacionales.

Fue en diciembre de 1979, cuando el presidente Antonio Guzmán presentó ante el Congreso Nacional y fue aprobado un proyecto de ley convertido en la Ley 82 para que los funcionarios, legisladores, jueces, fiscales y diplomáticos del país representaran declaraciones juradas de bienes, pero la misma no contemplaba sanciones para quienes no obedecían la medida.

Uno de los últimos señalamiento relacionados con los combates a los niveles de corrupción en el país lo hizo en marzo de este año partidista Participación Ciudadana, en coordinación con el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresando que de acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción 2019, República Dominicana ocupó el lugar 137 de 180 países, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ránking mundial del año 2019.

Durante estas cuatro décadas de lucha contra la corrupción hay gobiernos que no le han prestado prioridad a las declaraciones juradas.

Leonel Fernández cuando asumió la presidencia de la República, en agosto de 1996, nombró a Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República con un acápite especial para iniciar un programa de lucha contra la corrupción.

Un Apunte

Marco legal

En agosto del año 2014 se aprobó la ley 311. Desde noviembre de 1998 el país es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y desde agosto de 2006 también es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En julio del año 2006 se emitió el decreto 287-06 que estableció el Sistema Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Bienes.