La Asociación de Zonas Francas (Adozona) ha colocado al Gobierno y al Congreso en una difícil disyuntiva respecto a la posibilidad de que con motivo de una eventual reforma fiscal se disminuyan los subsidios que se otorgan a esos parques industriales, pues sus ejecutivos advierten que si eso ocurre más del 70 por ciento de esas instalaciones se iría del país.

En cambio, si se mantienen esas exenciones el sector promete generar cien mil nuevos empleos en los próximos cuatro años, un 25 por ciento de la meta total que se ha prometido promover el gobierno del presidente Danilo Medina en todo el territorio nacional.

Es difícil poder establecer qué tiene más trascendencia, si la advertencia de que emigrarían 70 de cada cien empresas o de que generarían más puestos de trabajo que lo producido en casi una década, aunque puede decirse que la amenaza parece íntimamente vinculada con la propuesta.

Las empresas establecidas dentro del régimen de zonas francas disfrutan de de un cien por ciento de exención en el pago de los impuestos sobre la renta, construcción, constitución de sociedades, municipales, importación, exportación, arancel, patentes ,derechos aduanales, y consulares, entre otros.

Se recuerda que mediante una providencia especial, el Gobierno subsidió el pago de parte de los salarios de los trabajadores de empresas textiles de zonas francas para ayudar a esos establecimientos a sortear la crisis causada por el crack económico de Estados Unidos y el fin del Acuerdo Multifibras que abrió el mercado estadounidense a los textiles de Oriente.

También el Poder Ejecutivo garantizó un préstamo por más de mil millones de pesos a establecimientos del sector, sin que la mayor parte de esa deuda haya sido recogida por sus beneficiarios, por lo que el Estado garante tendría que afrontarla.

No se discute la tremenda importancia que para la generación de empleos tienen los parques industriales que se acogen a ese régimen especial, pero no parece prudente que en medio de una discusión sobre reforma fiscal, sus ejecutivos se destapen con la advertencia de que el 70 por ciento de esas industrias se iría del país si se retiran los subsidios, exoneraciones o exenciones.

Gobierno y Congreso tendrán que reflexionar muy seriamente en torno a la tentadora oferta de las zonas francas, de generar cien mil empleos en cuatro años o su fulminante amenaza de virtualmente desmantelar ese sector, lo que según sus ejecutivos tendría efectos catastróficos sobre la economía. Hay que escoger entre oferta y amenaza.