El Gobierno ha puesto en vigencia la ley 189-11 que regula la construcción de viviendas económicas con el propósito de destinar 40 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones de los trabajadores al desarrollo de proyectos habitacionales y negocios hipotecarios, un programa cuya ejecución requerirá de la más absoluta transparencia.

Se aplaude que fondos de pensiones que dormitan en bóvedas del Banco Central o que capitalizan carteras de préstamos del sistema financiero nacional sean dirigidos a dinamizar la industria de la construcción a través de proyectos inmobiliarios de gran impacto social.

El presidente Danilo Medina integró por decreto la Comisión Presidencial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso que tendrá a su cargo la aplicación del estatuto legal que regula la inversión de esos recursos en construcción de viviendas económicas.

Los 40 mil millones que se dispondrían para esos fines representan el 20 por ciento del monto acumulado en los fondos de pensiones que ascienden casi a 200 mil millones de pesos, por lo que sería la mayor inversión y el más ambicioso proyecto que se ejecutaría con esos capitales.

Es por eso que se reclama al Gobierno no dejar ningún cabo suelto en esa iniciativa que en principio beneficiaría a unas 15 mil familias de menores ingresos, lo que también significaría un espaldarazo a la industria de la construcción con la consecuente generación de empleos y valor agregado.

Se destaca que el Gobierno realizaría aportes en terrenos para levantar esos proyectos habitacionales que también serían beneficiados con una compensación fiscal equivalente al Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (Itebis).

Aunque las autoridades ofrecen seguridad de retorno y adecuada rentabilidad, así como protección contra inflación y estabilidad en flujos de efectivos, se insiste en que el Gobierno y la Superintendencia de Pensiones eleven aún más las garantías de transparencia en la aplicación de ese proyecto, para que ni por asomo los fondos de pensiones de los trabajadores corran riesgo de pérdidas o degradación de activos y patrimonios, como ha ocurrido en otros países.

Se resalta que el 78 por ciento de esos fondos corresponde a cuentas de capitalización individual, propiedad de dos millones 697 mil trabajadores afiliados a las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones, los que serían afectados por cualquier tipo de aventura o improvisación. Ojo avizor.