Casi cinco toneladas de cocaína fueron decomisadas durante el fin de semana por autoridades dominicanas y de Puerto Rico, en inusual acometida del narcotráfico internacional para utilizar puertos y costas antillanas en el envío desde Suramérica de grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y Europa.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron 2,188 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo dentro de un contenedor procedente de Ecuador y con destino a Rotterdam.

Se trata del segundo mayor alijo de drogas decomisado por las autoridades que días antes detectaron otro cargamento con 123 kilos de cocaína en el Aeropuerto de las Américas, introducido a bordo de un vuelo procedente de Colombia, a los que se agregan numerosas incautaciones en botes y lanchas en las costas dominicanas.

Agentes antidrogas de Puerto Rico capturaron ayer mismo a tres personas que a bordo de una lancha rápida arribaron a las costas de Humacao con un cargamento de 1,324 kilos de cocaína posiblemente destinada al mercado estadounidense, pero el sábado decomisaron en otro operativo un total de 1,384 kilos.

Autoridades estiman que una cantidad menor o mayor de la droga incautada logra evadir controles o revisiones en puertos, aeropuertos, costas marítimas, espacio aéreo o transportación terrestre, por lo que puede decirse que han sido muchos los cargamentos de cocaína que arriban a territorios dominicano y puertorriqueño.

Esos contrabandos de estupefacientes proceden principalmente de Colombia, Venezuela y Ecuador, con destinos a Estados Unidos y diversas ciudades de Europa, pero mucha de esa droga se queda en República Dominicana y Puerto Rico como dación de pago o para satisfacer crecientes mercados de consumo.

Por la profusión de los cargamentos desde centros de producción se colige que el narcotráfico internacional considera a los puertos y costas dominicanas como vías expeditas para el trasbordo de drogas y su reembarque a Europa o a Borinquen en ruta al territorio estadounidense.

Ministerio Público, DNCD, agencias antilavado y el orden judicial deberían aunar esfuerzos para contener ese oleaje de drogas, sus capitales tóxicos y la secuela de delincuencia y criminalidad en perjuicio de la juventud, la familia, la sociedad, la institucionalidad y la gobernanza.