El atraco el domingo perpetrado por tres hombres armados contra 30 pasajeros que retornaban en una guagua pública desde Barahona y el asalto ayer contra una pareja de turistas en Higüey son presagios ominosos de una criminalidad creciente en vía de convertirse en pandemia social de difícil control y efectos devastadores sobre la endeble seguridad ciudadana.

Como en los buenos tiempos del Viejo Oeste americano, los asaltantes obligaron al conductor a detener el vehículo cerca de la estación de peaje de la autopista 6 de Noviembre y de inmediato obligaron a los ocupantes a entregar todas sus pertenencias, tras lo cual dispararon repetidas veces para cubrir su retirada.

Atracos similares se cometen en otras zonas de la región Sur por bandas armadas que reeditan pasajes cinematográficos de las clásicas diligencias interceptadas en polvorientos caminos, solo que ese tipo de vandalismo renace siglos después con asaltos a camiones y patanas repletos de alimentos o electrodomésticos, materiales con oro y plata o camiones blindados que transportan valijas millonarias.

Constituye un mal síntoma el asalto perpetrado contra los esposos George y Susana Crhisntinger, quienes paseaban por el bulevar de Higüey, cuando fueron agredidos a balazos y despojados de prendas y dinero por antisociales, un suceso que lesiona muy seriamente al turismo dominicano, por su divulgación en toda Europa.

Puede decirse que el auge de la delincuencia se ha convertido ya en problema de Estado porque se ha incrementado el sicariato, robo agravado, atracos, violaciones, secuestros, y nuevas modalidades del crimen, como los asaltos a pasajeros de autobuses, vehículos de carga y a turistas.

No se conoce otra fórmula más eficaz para combatir la delincuencia y la criminalidad que la aplicación de la ley contra los delincuentes, aunque en República Dominicana la mayoría de los transgresores de la ley penal tienen la condición de reincidente, señal de que aquí la ley es poco menos que letra muerta.

Se requiere de un Ministerio Publico fuerte, eficiente, autónomo y con el instrumental requerido para prevenir y perseguir la comisión de crímenes y delitos, pero también el sistema judicial requiere de jueces responsables que impongan penas severas señaladas en el Código Penal contra quienes incurran en crímenes y delitos.

No se exagera si se afirma que la criminalidad, como serpiente de siete cabezas acogota a la sociedad dominicana, sin que Gobierno, clase política, sector productivo y sociedad civil alcancen a comprender o aquilatar la magnitud de la tragedia.