Convertida en bandera, la indexación salarial ha unido a la oposición en defensa de los trabajadores y en su lucha contra el Gobierno.

Legisladores y militantes de la Fuerza del Pueblo, PLD y PRD no se conformaron con canalizar su reclamo a través de un recurso, sino que optaron por una manifestación ante el Tribunal Constitucional para denunciar la violación con la no indexación en que incurren las autoridades.

Los tres partidos opositores alegan que es inconstitucional la congelación del tope salarial a partir del cual se comienza a pagar el impuesto sobre la renta (ISR).

La instancia elevada ante el Constitucional impugna el artículo 45 de la Ley de Presupuesto de este año que suspende el ajuste por inflación de la escala salarial utilizada para calcular el ISR.

El presidente Luis Abinader ha advertido que la indexación salarial representa un impacto importante en las finanzas públicas en la medida que obliga al Gobierno a buscar recursos para compensar la decisión.

La aplicación de la medida, que conlleva la erogación de unos 25 mil millones de pesos al año, representa un dilema.

El Código Tributario establece que el monto a partir del cual se paga el ISR, unos 34,700 pesos mensuales, debe ajustarse cada año en función de la inflación.

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Pero resulta que desde 2017 se ha incluido en el presupuesto una cláusula que suspende el ajuste que la oposición, con razón, ha convertido en bandera de lucha con el doble propósito de defender a los trabajadores y denunciar al Gobierno como violador de las leyes.