Está lejos del pacto integral que había planteado el presidente Danilo Medina para enfrentar la crisis del sector eléctrico, pero el que según el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, se firmará próximamente con los generadores representa, siempre que se cumpla a cabalidad, un paso importante para acabar al menos con los apagones financieros.

Es saludable que las autoridades no estén con los brazos cruzados frente a una crisis que afecta la inversión y golpea la paciencia. Pero como son tantos los convenios que se han quedado en meros fuegos artificiales lo prudente es esperar los resultados. Con todo y que Bichara haya dado demostraciones de firmeza y afirmado que los pactos que se procuran no serán mediáticos ni para poses fotográficas.

No es ningún secreto que el gran problema del sistema eléctrico, cuya deficiencia representa tanto una retranca para el desarrollo como una vergüenza para la nación, no está en la transmisión y ni en la distribución, sino en la producción. Y que el financiero es la base de las interrupciones y de todos los conflictos relacionados con el servicio energético.

Pero si bien es cierto que se imponía salir de paso con un acuerdo financiero, no ha de olvidarse la necesidad de revisar todos los contratos con los generadores, entre los cuales figuran algunos que sólo lesionan al fisco y por ende a los consumidores. Aunque sea en forma individual. Ese aspecto podría ser muy bien el segundo tramo para llegar al pacto nacional sobre todo lo concerniente a la electricidad.

Son comprensibles las dificultades del Gobierno para lidiar con una deuda que se acumula cada día. Ahora mismo según la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) los compromisos vencidos ascienden a 641.9 millones de dólares. Y los no vencidos a 151.3, elevando el total a 847.8. Se trata, sin la menor duda, de una carga muy pesada. Por ahora la mayor preocupación es superar el impasse sobre una deuda de 150 millones de dólares correspondiente a los últimos tres meses.

Con la magnitud de la crisis financiera no se puede esperar una solución de la noche a la mañana. El proceso es obvio que se tomará su tiempo. Pero las autoridades han de saber que no obstante haber heredado uno de los problemas más difíciles del sector, con deudas sólo con los generadores por encima de los mil millones de dólares, los consumidores están atentos al proceso.

El pacto que se ha anunciado, aún no sea más que un primer paso, tiene que cumplirse aunque sea para crear confianza en una opinión pública justificadamente escéptica ante los múltiples fracasos que han caracterizado las iniciativas para superar la crisis en el enmarañado servicio eléctrico.