El acuerdo que el Estado dominicano hizo con la multinacional Odebrecht faculta al Ministerio Público a reiniciar la investigación contra esa empresa y sus ejecutivos y a procesarla penalmente en los tribunales, en caso de que no cumpla con lo pactado.
Odebrecht, a través de su apoderado especial en República Dominicana, Mauricio Dantas Bezerra, se comprometió con el Ministerio Público a suministrar todas las informaciones que posea, conozca y conserve de los hechos, a cambio de que a dicha empresa y a sus ejecutivos se les aplique el criterio de oportunidad y se les libere de ser sometidos a la justicia.
Sin embargo, el convenio señala que en caso de no ser así, el Ministerio Público tendrá la facultad de dejarlo sin efecto y de reiniciar la acción penal contra Odebrecht y sus empresas filiales y relacionadas, como si el acuerdo nunca hubiera existido, reteniendo los pagos recibidos.
La posibilidad de que el Estado dominicano deje sin efecto el citado acuerdo surgió ayer luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictara orden de conducencia contra Dantas Bezerra, por no acudir por segunda ocasión como testigo al juicio de fondo que se conoce a los imputados.
La anulación
Sin embargo, el penalista Manuel Sierra Pérez declaró que si bien es cierto que el órgano oficial puede pedir la anulación de dicho acuerdo, no menos cierto es que ese pedido unilateralmente se podría llevar varios años en los tribunales civiles del país, máxime que se trató de un convenio validado ante un tribunal.
“Es verdad que el referido acuerdo estaba sujeto a una cooperación de parte de la empresa extranjera, sin embargo, sería ideal saber, si en cambio el Estado dominicano, por igual ha cumplido en todo con esa empresa, la que no obstante ser ampliamente cuestionada por su comportamiento siguió operando en el país y recibiendo millonarios pagos del Estado dominicano”, manifestó Sierra Pérez.
Precisó que al final nadie sabe si hubo otros posibles acuerdos no mencionados, ni conocidos por el país al momento de la Procuraduría solicitar por ante un juez dicha ratificación, a contra pelo del texto procesal penal vigente.
“Lo que está pasando actualmente en el caso Odebrecht ante el tribunal colegiado, podría eventualmente conllevar el descargo de los acusados por falta de pruebas, habida cuenta de que el testimonio es la base del juicio penal, medio a través de los cuales se habrían de incorporar la mayoría de pruebas traídas desde Brasil, mismas que fueron aportadas por el MP y admitidas por el juez especial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia”, observó Sierra Pérez.
Sostuvo que en estos momentos el proceso está frisado, ya que para citar regularmente a ese testigo, que no es un ciudadano dominicano, se debe agotar la vía diplomática, y que según nuestra legislación civil, en razón de la distancia podría conllevar un plazo de unos dos meses, lo que significa que, si se pretende continuar con ese testigo, el juicio por el principio de inmediación y concentración tendría posteriormente que volverse a cero e iniciarse de nuevo con la presentación de la acusación.
UN APUNTE
La anulación
El director de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció ayer que se contempla la posibilidad de que se deje sin efecto el acuerdo con Odebrecht dada la negativa de uno de sus ejecutivos a acudir como testigo al juicio de fondo que les conoce a los imputados en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
A solicitud de Camacho, dicho tribunal dictó orden de conducencia contra Mauricio Dantas Bezerra y otro testigo.
