El Gobierno ha comenzado desde temprano a poner sobre el tapete la discusión sobre el pacto fiscal a partir de enero del año entrante.

El diálogo estaba en agenda, pero los desaciertos registrados en materia de comunicación tal vez han incidido en que desde ya se quiera condicionar a la opinión pública sobre una reforma que hasta cierto punto se aplica en cuanto a la racionalización del gasto.

El aspecto sensible de la discusión estará en el incremento de la presión fiscal, que es lo mismo que el aumento de la carga tributaria. Por ahora los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y Administrativo, José Ignacio Paliza, solo han avanzado que a principios de 2021 se convocará para discutir la reforma fiscal, que por demás está consignada en la Constitución. Se ha previsto que el pacto podría firmarse en junio del próximo año.

En honor a la verdad el pacto es más que necesario para corregir las variadas distorsiones generadas por los parches tributarios.

Al justificar la reforma Paliza la definió como más que obligada para corregir las evasiones a través de la formalización y para aliviar la carga de determinados sectores a fin de tornar la economía más competitiva.

El pacto tiene que discutirse a fondo, teniéndose como norte el bienestar y desarrollo de la nación. Después de tanta demora provocada por intereses económicos y políticos es obvio que la reforma tiene que ser integral, no necesariamente para que el Gobierno aumente las recaudaciones.