La recogida de basura, que supone un alto costo para los cabildos, no es solo un problema económico, sino cultural. La ciudadanía carece de tradición para pagar por la disposición de unos desperdicios que atentan contra la salud y ornato, pero no así para protestar cuando los camiones compactadores se retrasan en el servicio.

Pero la gran responsabilidad con que no se paga la recogida de basura no es únicamente de la gente. Los ayuntamientos tienen su elevada cuota de culpabilidad en la situación al no cobrar el servicio ni elaborar fórmulas para que los vecinos entiendan la necesidad de pagar por la disposición de los desperdicios como lo hace con muchos otros servicios.

Con decir que solo dos de cada 10 personas pagan por el servicio, como lo hizo la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, no se está en nada si no se elabora un sensato plan de cobros. Ni tampoco se va para ningún lado con declarar que el año se dejan de recibir más mil millones de pesos que darían para satisfacer muchas necesidades.

En el caso de la ciudad, donde hay residencias con deudas viejísimas, lo más sensato parece ser que la alcaldía busque arreglos viables, conforme a la realidad, para que los vecinos comiencen a pagar por la recogida de basura. Es un servicio que por su elevado costo y múltiples beneficios no puede ser gratis, como no lo es en ninguna parte.

Tanto el del Distrito Nacional como los demás ayuntamientos tienen que ser más eficientes y creativos con el asunto de la basura siquiera para reducir las pérdidas que supone el servicio. Se compran camiones y se contratan compañías para un servicio que los beneficiarios solo toman en cuentan cuando se acumulan los montones de desperdicios en los tanques, las aceras o en cualquier esquina.

Es verdad que hay que pagar la basura, pero los ayuntamientos deben también buscar la manera de cobrarla. Con quejarse, con reclamar no van a conmover a ningún ciudadano, menos aún en un país donde la cultura de lo gratis está tan arraigada como la ineficiencia que se ha demostrado desde el poder en cumplir con los servicios públicos.