El motivo por el cual un grupo de periodistas y comunicadores ha denunciado que desde el Gobierno se ha desatado una ofensiva contra la prensa no parece suficiente para sustentar tan apremiante temor, aunque una queja de esa naturaleza puede tener efecto de antídoto contra cualquier brebaje de intolerancia.

De justicia es afirmar que la libertad de prensa y de expresión tiene plena vigencia en República Dominicana y que no hay evidencias sustanciosas que indiquen que esa prerrogativa constitucional ha sido puesta en peligro al menos no de manera colectiva, sin dejar de resaltar casos particulares en los que el uso de ese derecho colisiona con resabios del Poder.

El 71 por ciento de los lectores de la edición digital de El Nacional respondió ayer con un no la pregunta ¿Cree usted que se ha desatado una ofensiva contra la prensa?, lo que indica que la ciudadanía no parece albergar temor de que desde litorales oficiales se concierte o se ejecute algún ataque contra periodistas o medios de comunicación.

El caso judicial que preocupa a un sector de la prensa tiene su origen en el conflicto generado por el ejercicio de un derecho constitucional de un periodista frente al de un ciudadano de recurrir a vías de derecho si considera que los suyos han sido conculcados.

A la consideración pública y jurídica queda el criterio de si la periodista se excedió en el uso de ese derecho o de si el ciudadano aludido ha abusado del suyo, quizás prevalido de su condición de funcionario, pero de ahí a involucrar al Gobierno en una ofensiva contra la prensa parece prevalecer considerable distancia.

Aunque es posible identificar otros episodios que puedan interpretarse como agresión o intimidación contra la prensa, lo cierto es que el presidente Leonel Fernández ha sido un jefe de Estado respetuoso de ese sagrado derecho y de que no hay indicios sostenidos o sustentables que comprometan su Administración con algún plan contra periodistas o medios de comunicación.

El Nacional -vale decirlo- no se siente intimidado, pero tampoco acepta intimidación del Gobierno, partidos políticos, grupos corporativos o entes de la sociedad civil, aunque se declara respetuoso y custodia de los derechos ciudadanos, sin tomar en cuenta condición social, política o económica.

La denuncia o queja que formula un grupo de connotados comunicadores tiene el valor de la prevención, pero no alcanza para demostrar que aquí se viola de manera sistemática la libertad de prensa o de expresión o de que se trama una ofensiva oficial. Tales nubarrones no parecen presagiar huracán.