Santo Domingo.-El movimiento cívico Participación Ciudadana, lamentó este martes el tratamiento superficial y bondadoso dado a las penas de la tipificación de los delitos de corrupción en el proyecto de Código Penal, por los miembros de la Cámara de Diputados.
La organización de la sociedad civil recordó a los legisladores que la República Dominicana se encuentra en el lugar 28 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción y que en consecuencia la tipificación y sus penas deben ser tratadas de acuerdo a los daños que ocasionan dichos comportamientos complejos y multifacéticos.
Además dijeron que el “flagelo de la corrupción afecta a todos, socava la democracia y el estado de derecho, facilita las violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida de las personas y permite la aparición de la delincuencia organizada”, expresó la organización.
Participación Ciudadana puntualizó que el control de la corrupción es una cuestión fundamental para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática; y por tanto es un deber encararla a través de las políticas públicas, ya sea de carácter preventivo como la adopción de medidas de transparencia, competencia y criterios objetivos en la contratación pública, la implementación de códigos de comportamiento ético, la adopción de mejoras en el control y fiscalización de los sistemas contables y de auditoría, así como la participación activa de la ciudadanía en la promoción de la transparencia y acceso a la información pública.
Por tanto deben implementarse las medidas precisas, identificando claramente los elementos básicos de los tipos penales vinculados a los hechos de corrupción y su carácter lesivo frente a los bienes jurídicos que se pretendan resguardar.
A pesar de la gravedad de la infracción de corrupción, reconocida por la propia Constitución en su artículo 146, la Cámara de Diputados pretende darle un tratamiento de infracción grave (en vez de muy grave), imponerle prisión menor de 2 a 3 años, en vez de prisión mayor de 10 a 20 años como ha hecho con el peculado, y eso constituye una violación de los derechos humanos y deberes de los legisladores.
La organización de la sociedad civil reiteró que para perseguir la corrupción no sólo basta con tipificarla, es necesario, además, contar con una Ley de Extinción de Dominio para que los bienes procedentes de la corrupción sean devueltos y la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos, para aquellos que denuncien ante las autoridades, cuenten con las medidas apropiadas de seguridad, por lo que se hace necesario la aprobación de una ley de esa naturaleza.
Participación Ciudadana, hizo un llamado a los miembros de la Cámara de Diputados, para que modifiquen su posición sobre el impacto disuasivo de las penas a los fines de que se aumenten las mismas para equipararlas a las de peculado, que van de 10 a 20 años, dándole autonomía a la infracción de corrupción, a fin de que no requiera ampararse en otro tipo penal para alcanzar la pena que le corresponde tomando en cuenta la gravedad de la infracción y que legislen en función de los intereses del pueblo dominicano.
