Fachada de la Sede Central de Participación Ciudadana en República Dominicana, entidad involucrada en el escándalo de recibir fondos de la Usaid para supuestamente comprar opinión en radio y TV de varios países.
Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que la justicia dominicana continúa enfrentando el desafío de la mora en los procesos por corrupción administrativa, pese a la reducción de la mora judicial en un 80% anunciada ayer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
PC sostiene que uno de los mayores retos del Poder Judicial es poner fin al letargo en los casos de corrupción en los tribunales dominicanos, muchos de los cuales superan los cuatro años, una situación que sigue siendo una preocupación central de la población.
“Los que luchamos contra la corrupción sabemos que los casos que se están conociendo en los tribunales de República Dominicana, muchos tienen más de cuatro años”, afirmó la coordinadora de la entidad, Leidy Blanco.
La organización deploró que el presidente de la SCJ no abordara en su discurso la lentitud que persiste en los procesos de corrupción administrativa, muchos de los cuales llevan más de cuatro años sin decisión definitiva.
Las recientes reformas a la justicia penal representan un gran reto, pero también una oportunidad que debe ser aprovechada para eficientizar y humanizar el sistema. En especial, para mejorar los plazos del proceso penal que aún no se cumplen, lo que afecta a las víctimas y a los privados de libertad.
Suprema Corte
La ejecutiva de Participación Ciudadana habló al participar en la audiencia solemne que se realizó ayer en la Suprema Corte de Justicia con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial, donde el presidente de la alta corte dijo que actualmente en la Corte Suprema el 90% de los casos se resuelve en un año o menos, con plazos más previsibles y favorables para la vida de las personas y el desarrollo del país.
“Hoy, con gran satisfacción podemos afirmar que el 87 % de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se encuentra actualizada en línea”, añadió Molina.
Reconoció que aún persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria.
Añadió que de los 11 departamentos judiciales sólo Santo Domingo no alcanza el 80% de tribunales al día, lo que marca hoy nuestra prioridad de trabajo más inmediata.
“Los asuntos administrativos se redujeron del 49 al 36 % del total de casos, lo que da a los jueces más espacio para cumplir su función constitucional de decidir sobre los conflictos en transformar la justicia demanda visión de Estado, disciplina y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y la democracia. Es una tarea exigente, pero ha sido posible; no se alcanza de una vez y por todas, pero fue posible avanzar de manera sostenida.
Agregó que estos avances han sido fruto de la creciente madurez política del país, traducida en el sostenimiento duradero de los consensos cívicos.
Acontecimientos de relevancia dieron apertura a un tiempo nuevo para la justicia: la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la reforma procesal penal, la modernización del registro inmobiliario, la jurisdicción contencioso-administrativa y la reforma constitucional de 2010.
Un apunte
Retos de remociones
La coordinadora de Participación Ciudadana afirmó que uno de los principales retos de los cambios en el tren gubernamental es garantizar la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública. Señaló las “instituciones que han estado bajo señalamientos por actos de corrupción administrativa tienen que ser fiscalizadas y transparentadas. Sostuvo que la sociedad espera respuestas de las autoridades en casos de corrupción.
