El sistema político impuesto por las clases dominantes durante décadas en la República Dominicana, ha entrado a una etapa de aceleramiento de su crisis estructural, y tendrá que ser desplazado por los sectores que lo advierten como una seria amenaza a su estabilidad, desarrollo y supervivencia.

Este sistema pervertido, que en el pasado dio origen a regímenes oligárquicos, despóticos, excluyentes, represivos… ahora ha creado en su interior estructuras criminales que trascienden las fronteras nacionales.

En los partidos que le dan sostén a este sistema decadente impera un pérfido método de financiamiento de oscura procedencia, convirtiendo a esas anacrónicas organizaciones en peligrosas entes mafiosas.

Desde que se inició la práctica de puertas abiertas para el financiamiento ilícito, la fortaleza de los viejos partidos no ha descansado en su programa político ni en propuestas a la sociedad, sino en el dinero.

A esa partidocracia le gusta nominar a candidatos millonarios, cuyos recursos provienen de transacciones ilícitas, con gastos excesivos en las campañas electorales… sumándose las débiles regulaciones.

Por esa notoria laxitud ética en los controles del financiamiento, las estructuras criminales echan raíces en esos partidos; así logran proteger sus negocios, fortalecer las redes mafiosas y expandirse sin límites.

La apertura a individuos y grupos criminales ha permitido que estos controlen esas entidades políticas, ocupen posiciones claves en el Estado, es decir, en el Congreso Nacional, Poder Judicial y en el Ejecutivo.

El sonado caso Odebrecht, deliberadamente mal instrumentado contra los culpables de corrupción de Estado, es una muestra de la impunidad de que disfrutan los representantes de la partidocracia tradicional.