Al cerrar el 2022 es usual pasar balance al período en un ejercicio que puede abarcar lo personal, familiar, laboral y social, en este caso el interés es mirar los doce meses pasados en cuanto a función pública y rol del gobierno para evaluar con criticidad y extraer enseñanzas para mejorar el porvenir.

Según la óptica e interés del analista, la evaluación puede ser positiva o negativa, sesgada por partidismo, pero al margen hay que convenir que con un entorno externo dependiente, tortuoso e incierto por imponderables como la pandemia y el conflicto bélico, el desempeño gubernamental ha sido positivo.

Los economistas estiman que se logró mantener la estabilidad, controlar la inflación en un dígito y tener crecimiento por encima de lo esperado (que ojalá sea redistribuido en sectores carenciados y no concentrado en quienes tienen la riqueza) con subsidios sociales y endeudamiento aún no traumático.

En cuanto a fortalecimiento institucional el balance es desalentador porque quedaron pendientes a nivel del Congreso iniciativas de mejoras legislativas que contribuyan a los propósitos de moralización de la función pública que enarbola el presidente de la Repúblicas, quizás como un Quijote.

Administración judicial y seguridad ciudadana, dos pilares del estado social y democrático de derecho, no llenan las expectativas colectivas, pese a la intención de respetar la independencia del Ministerio Público, se mantiene un poder con visos del pasado y la reforma policial apenas sienta sus bases.

El horizonte vislumbra un 2023 pre electoral que por costumbre se desgasta en campaña a destiempo (ya en desarrollo al margen de ley) con las cuentas pendientes de la definición de casos judiciales contra la corrupción y expectativas de gestión gubernamental que se fortalece para el continuismo.