En un sistema judicial en que más de 130 mil horas y casi un año de investigación no bastaron para encontrar a los reales sobornados con 92 millones de dólares por el consorcio Odebrecht no deben sorprender, pero tampoco ignorarse, decisiones tan infame como el archivo provisional de la pesquisa para capturar y someter a los sospechosos del crimen de la joven Paula Santana, ocurrido en el pasado febrero.

Al no llegar a su residencia tras culminar el horario en la empresa en que laboraba en tanda nocturna, en la zona franca de Las Américas, los angustiados familiares dieron la voz de alerta. Después de una rápida búsqueda los compañeros de trabajo Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz encontraron el cadáver en una alcantarilla en las inmediaciones de la compañía, y las autoridades determinaron que la muchacha, de 23 años, había sido estrangulada por sus verdugos, además de violada.

Por la monstruosidad el Ministerio Público detuvo y acusó a Hidalgo Marte y De la Cruz Díaz de homicidio, tortura, barbarie, violación sexual, robo y asociación de malhechores. Pero desconcertó que tras casi siete meses en prisión que los imputados cumplieron como medida de coerción se solicitó su liberación y el archivo profesional del caso por insuficiencia de pruebas.

Que nuestros fiscales acusen sin pruebas parece una tradición. Pero deja mucho que desear que a más de siete meses de un crimen tan conmovedor, cometido en un radio tan claro y pequeño, la investigación se archive porque los presuntos culpables no han sido localizados. Son situaciones que se dan cuando, por supuesto, las víctimas son personas de escasos recursos económicos y no tienen quién saque la cara por ellas.

Si se acepta que los dos acusados en principio en realidad son inocentes, ¿quién o quiénes ultimaron a la joven Paula Santana? Otro signo de inquietud que acompaña la impunidad está relacionado con la capacidad y la tecnología de los cuerpos de investigación para aclarar un caso que en apariencia no tiene mayores complejidades.

En tanto el presidente Luis Abinader designó una comisión para investigar el monstruoso crimen, la percepción que se tiene es que el Ministerio Público, como en el escándalo de los sobornos de Odebrecht, encubre a los sospechosos de un asesinato que bajo ninguna circunstancia puede quedar impune.

Tanto la demora como el archivo que se dispuso del expediente sugieren no solo concluir la modernización, profesionalización y equipamiento de la Policía, sino una rigurosa evaluación y reestructuración de un Ministerio Público que, por su incompetencia, ha perdido legitimidad como representante de la sociedad.