Participación Ciudadana expresó que está preocupara porque existe el peligro de que a pesar de la gravedad de los hechos imputados en casos de corrupción pueden terminar en la extinción de la acción publica por las dilaciones que presentan los mismos.

Dijeron que estos casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar.

Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponiendo el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse.

Participación Ciudadana siguió diciendo que es esencial que las instituciones de justicia cumplan con su deber de proteger los intereses de la población y por tanto esperan que esas informaciones sean de gran utilidad para sus investigaciones y contribuya a mantener informada a la ciudadanía sobre el estado de estos casos críticos.

Caso Antipulpo

En este caso se imputa sustracción en perjuicio del Estado entre los años 2012 y 2020 por RD$4 mil 796 millones de los fondos públicos, al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando tráfico de influencias. Las medidas de coerción fueron dictadas el 8 de diciembre de 2020, por lo que en diciembre próximo tendrá cuatro años.

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El caso Antipulpo sobrepasó la fase de investigación y la intermedia de la audiencia preliminar. Fueron enviados a juicio de fondo varias personas; incluyeendo Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magaly Medina Sánchez, Fernando Rosa, Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santa y Wacal Bernabé Méndez.

Por otro lado, ya fueron condenados Francisco Pagán y Julián Esteban Suriel Suazo a cinco años, utilizando el procedimiento penal abreviado. A Domingo Antonio Santiago Muñoz se le validó un criterio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público, por lo que quedó en libertad.

También a Lewyn Ariel Castillo Robles se le aplicó la suspensión condicional del proceso.

En estos momentos el caso se encuentra en la audiencia de fondo en la fase de presentación de las pruebas, en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las magistradas Clara Castillo y Yissell Soto, quienes han fijado audiencias dos días de cada semana hasta que haya decisión sobre el mismo.

La primera audiencia de este caso fue celebrada el 20 de junio de 2023, pero las dilaciones han impedido que avance con mayor fluidez, y las dos últimas posposiciones ocurrieron, la primera debido a que un abogado de uno de los imputados renunció a seguir en el caso porque le salió su residencia en los Estados Unidos y tuvo que marcharse del país. La segunda, a que otro de los abogados de los imputados presentó una excusa médica.

La próxima audiencia está fijada para el 2 de septiembre del 2024 y se están escuchando a los testigos del Ministerio Público. Hasta ahora se han escuchado 18 testigos de un total de 168 que tiene el Ministerio Público.

Caso Coral y Coral 5 G

El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares, ventas de especialismos y otras anomalías en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Las medidas de coerción en este caso fueron impuestas el 15 de diciembre de 2021, por lo que cumplirá cuatro años en diciembre de 2025.

El 10 de julio de 2023 la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio de fondo a todos los imputados en este caso, encabezados por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora

Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Guzmán, el coronel Rafael Nuñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quienes deberán responder en un juicio de fondo a los hechos que se le imputan, vinculados en el caso Coral.

Igualmente fueron enviados a juicio de fondo el general Juan Carlos Torres Robiou, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez. Al igual fueron enviadas 13 empresas al proceso de fondo.

El caso Coral y Coral 5G inició la fase de juicio de fondo en octubre del 2023, pero ha sido objeto de múltiples aplazamientos en audiencias celebradas el 26 de octubre, 30 de noviembre ambas de 2023, el 16 de enero, 22 de febrero, 26 de marzo, 18 de abril, 9 de mayo, 16 de mayo, 6 de junio, 11 de julio, 25 de julio. La última fue el 27 de agosto del 2024. Este caso está siendo conocido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presidido por la magistrada Gissell Méndez, e integrado por las magistradas Yissell Naranjo y Tania Yunes.

La próxima audiencia de este caso, que se encuentra en la fase de presentación de las pruebas, está fijada para el 3 de septiembre de 2024.

Caso Medusa

El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodriguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.

Las medidas de coerción en este caso fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que sobrepasa ya los 3 años. La audiencia preliminar fue conocida por el magistrado Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien el 28 de junio 2024 envió a juicio de fondo a los imputados, con la

auto de no ha lugar.

Para conocer el fondo del caso ha sido apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleida Méndez.

La mitad de las 41 personas físicas imputadas en este expediente han llegado a acuerdos con el Ministerio Público.