La Procuraduría General de la República aceleró esta semana la investigación de la denuncia interpuesta contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros encartados por el caso de las expropiaciones de bienes del Estado por 17 mil millones de pesos.
Esta semana un grupo de inversionistas ha sido investigado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de las procuradurías de Persecución del Ministerio Público y Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó esta mañana a El Nacional una fuente ligada a la investigación.
Aunque no se reveló los nombres de los entrevistados, la fuente explicó que en los últimos días se han incrementado los interrogatorios por el caso que parecía empantanado.
La investigación ha tomado otro curso, luego de las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas al órgano persecutor del crimen.
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Aunque han sonado rumores de que en cualquier momento se realizarían allanamientos y arrestos, la Procuraduría General de la República mantiene un silencio sepulcral sobre el tema.
El órgano acusador tampoco dijo la cantidad de personas que han sido interrogadas al respecto.
El exfuncionario es investigado por supuestamente dirigir un entramado fraudulento que desfalcó al Estado con 17 mil millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.
El 23 de agosto del pasado año, la jueza Kenya Romero, de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, autorizó a las autoridades monetarias y financieras ofrecer las informaciones solicitadas por el Ministerio Público, concernientes a la investigación del caso.
Por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
Los encartados alegadamente realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual el Pepca dice que se sustrajeron RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También señala que la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
La Pepca soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó los libramientos de pagos. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente.
