LIMA.- Perú extendió el viernes por otros 30 días un estado de excepción para enfrentar la creciente delincuencia, en especial los asesinatos y extorsiones, en la capital y el puerto cercano de El Callao.
La medida restringe derechos constitucionales y permite a la policía ingresar a las viviendas o detener a cualquier persona. También se prohíben las reuniones masivas, aunque desde hace un mes se han producido protestas contra el mandatario interino José Jerí y los mineros informales han tomado las calles para pedir beneficios.
El anuncio en la gaceta oficial El Peruano indica que se prorroga el estado de excepción “para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”. Los militares apoyarán a la policía y el gobierno destinó 1,8 millones de dólares para financiar sus gastos en esta labor.
La noche del jueves el presidente Jerí presentó de forma adicional al Parlamento un proyecto legislativo para solicitar facultades por 60 días para legislar en temas de seguridad, lucha contra el crimen organizado y crecimiento económico.
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El proyecto complementará «las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación”, escribió el presidente de Perú en su cuenta oficial de X.
El gobierno de Jerí decretó un estado de excepción el 22 de octubre, pero las extorsiones y los asesinatos no se han detenido.
Pese a que los expertos y varias marchas de protesta le han pedido al mandatario que derogue un conjunto de leyes que debilitan la lucha contra el crimen, el presidente no se ha manifestado. Al menos seis de esas leyes fueron aprobadas en el pasado con el voto de apoyo de Jerí cuando era legislador desde 2021.
Jerí sucedió en la presidencia a Dina Boluarte (2022-2025) quien fue destituida el 10 de octubre luego de que la coalición de partidos políticos que la respaldaban le quitaron su apoyo. Jerí, entonces líder del Parlamento, la reemplazó con el apoyo de los mismos partidos que protegían a Boluarte.
Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.
