La aplicación de políticas públicas dirigidas a apoyar a los sectores industrial y agropecuario fue reclamada ayer por dirigentes de dos de los principales gremios que los agrupan, quienes estimaron que a partir de ahí se debe implementar una nueva visión del desarrollo.
El planteamiento fue realizado durante el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio por Eric Rivero, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) y Antonio Taveras, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera.
En su participación en la actividad estuvieron acompañados de Hécmilio Galván, vicepresidente de Confenagro; Isidoro de la Rosa, tesorero, y Alberto Vásquez, asesor de esa entidad, además de Greicy Romero, directora ejecutiva de Herrera.
Indicaron que tanto los industriales como los productores agropecuarios, “todos los días se tienen que enfrentar a un obstáculo diferente” para poder desarrollar sus actividades.
“Los sectores productivos están quebrados”, clamó Taveras, quien atribuyó ese hecho a factores políticos, debido a que a su parecer, existen conflictos de intereses entre los funcionarios que deben aplicar políticas públicas a favor de los sectores productivos nacionales, porque son a su vez empresarios, en su mayor parte importadores.
Taveras, de igual modo, dijo que el país carece de la institucionalidad adecuada poniendo como ejemplo las “visitas sorpresa” que ha establecido el presidente Danilo Medina, que a su juicio no resuelven nada y usurpan las funciones de las instituciones que deben ejecutar esos programas de fomento.
Opinó, además, que esas visitas son discriminatorias y no toman en consideración si esas inversiones que se hacen a través de ellas son necesarias.
Rivero dijo que entre los industriales de Herrera y Confenagro se ha realizado una alianza que tiene como objetivo la defensa de los intereses de sus asociados, a la vez que hacer planteamientos dirigidos a la adopción de las políticas públicas necesarias.
Al respecto, dijo que se ha planteado la realización de una Cumbre de la Producción Nacional, pautada para el 2 de diciembre venidero, de donde saldrá un manifiesto con las demandas básicas de esos sectores.
Cuestiona cifra
Galván, de su lado, cuestionó la afirmación reiterada de las autoridades en el sentido de que el país produce el 85 por ciento de los alimentos que consumen los dominicanos.
Citó los casos del arroz, las habichuelas, ajo, cebolla, pollos, cerdos, banano, y otros donde existen serios problemas que impiden que el país sea autosuficiente.
En el caso de la leche, dijo que los productores aspiran a abastecer por completo la alimentación escolar, pero que actualmente sólo aportan 40 mil litros de leche de una demanda de dos millones de litros.
“Pero en la alimentación escolar no sólo debe primar la leche, tenemos una variedad inmensa de frutas que pueden ser procesadas para que formen parte de la alimentación escolar, pero eso no se incentiva, sino que se están importando, incluso con fórmulas que pueden convertirse en una amenaza a salud de los estudiantes”, dijo.
Propuestas
Partiendo de la apreciación de que tanto la industria como los productores agropecuarios del país han sido abandonados, los participantes en el encuentro plantearon una serie de alternativas, siendo la primera de ellas el respeto a la institucionalidad.
La propuesta aboga por la implementación de mayores incentivos a esos dos sectores, reducción de la burocracia, crear fondos de garantía y garantizar el acceso a los financiamientos y que exista una política real de exportaciones.
Llamaron la atención de que en el Año de las Exportaciones, no se ha adoptado la primera iniciativa real dirigida a incrementar la presencia de los productos dominicanos en los mercados internacionales.
UN APUNTE
Un Apunte
De acuerdo con Taveras, los acuerdos de libre comercio que el país ha firmado y los que están en proceso, se han realizado sin ninguna planificación y las barreras internas que afectan a la producción local, cuya superación era indispensable para poder efectuar una adecuada competencia, siguen vigentes. Ese es el caso de la electricidad, el acceso al financiamiento, el precio del transporte y los combustibles.
