Una de las lecciones más importantes que aprendimos de la pandemia es que la mayoría de los procesos que hacemos presenciales, como la firma y suscripción de contratos sobre bienes y servicios, pueden ejecutarse con mayor seguridad y eficiencia de manera digital. Esta semana quería escribir sobre los avances del país en este frente, pero mi investigación, utilizando los datos oficiales de la Procuraduría General de la República, evidenció que los documentos notariales legalizados de 2022 a 2025 aumentaron, no disminuyeron, lo que significa que la contratación análoga sigue en crecimiento no obstante existir alternativas digitales viables y más seguras. Por favor, ya basta.

La razón por la cual nuestro país no ha podido adoptar la contratación digital masificada tiene nombres y apellidos, empezando por la Dirección General de Impuestos Internos, siguiendo por las Cámaras de Comercio y Producción, el Registro Civil, las entidades de intermediación financiera y en mucho menor grado la Jurisdicción Inmobiliaria.

Por mucho, la Dirección General de Impuestos Internos ha sido la mayor barrera. Luego de ser por muchos años la entidad de vanguardia en la implementación de soluciones tecnológicas en el Estado e incluso de las primeras en adoptar las firmas digitales, la DGII todavía hoy se rehúsa a aceptar documentos digitales para procesar y cobrar los impuestos que corresponden a una transacción.

El bloqueo de la DGII permea a los procesos del resto del país, ¿Para qué hacer contratos de ventas de vehículos o de inmuebles de manera digital, si la DGII no me los va a aceptar?.

Lamentablemente la DGII no es la única barrera en la contratación digital, todos los intermediarios públicos y privados aportan su granito de arena al monumento de la ineficiencia pidiendo versiones físicas de documentos que deberían ser digitales como las matrículas, registros mercantiles y actas del estado civil, de documentos que no es de su incumbencia pedir como los estatutos y asambleas de sociedades comerciales, o de documentos que no deberían existir como los duplicados de títulos del dueño o el acreedor.

En República Dominicana a los abogados nos cuesta dimensionar adecuadamente los costos, para la mayoría el valor numerario que se cobra en un proceso es el costo de este, lo que subestima enormemente el gasto total en el mismo.

Hagamos una estimación conservadora, para una contratación simple se invierte 1 hora del abogado que lo confecciona, 1 hora de las personas que lo firman, 1 hora del notario, 1 hora para llevarlo a legalizar y 1 hora del personal que, en efecto, lo legaliza, en el año 2025 se legalizaron 650,000 documentos notariales, lo que representa un gasto total de 444 años y 328 días/hombre, los cuales calculados al salario mínimo de la República Dominicana ascienden a más de $500 millones de pesos perdidos en un proceso que digitalmente se puede hacer por una fracción de eso, y todo esto antes de incluir los honorarios de abogado y el notario y la tarifa por legalización.

Este ejercicio es sólo en el proceso de firma, notarización y legalización de un contrato, si se incluyen los costos reales de formalización ante la DGII y los registros públicos estaremos hablando de decenas de miles de millones de pesos desperdiciados en burocracia.