Susi Pola
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Viendo todo el proceso de vacunación contra la COVID 19 en el mundo y en el país y leyendo de acá y de allá, el problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de las vacunas, a pesar de que la vacunación marcha a contrarreloj en el mundo, siempre a cargo de los gobiernos a través de sus entidades de Salud Pública.

Claro que hay otros problemas locales, tales como la organización para poner las dosis, el acceso de las personas, la capacitación del personal idóneo, en fin, la estrategia necesaria para asegurar un buen proceso que tiene dos etapas de vacunación.

En nuestro país, en general, se ha desorganizado bastante y las personas que acuden a vacunarse no siempre pueden hacerlo por el desorden. O vienen solo segundas dosis, o al revés, solo primeras y ya se pasó el tiempo de ponerse la segunda, etc.

Pese a que el principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, como afirma un documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la realidad tenemos estados desorganizados en sus servicios cuando se trata de acciones masivas de salud.

Además, en la “geopolítica” del problema, varios gobiernos de la región, denuncian retrasos en los abastecimientos de vacunas, lo que afecta los planes oficiales, vacunando en bajos porcentajes por el desabastecimiento.

Es por eso que, varios países, aprobaron legislaciones que habilitan la adquisición de vacunas por parte de privados y de gobiernos regionales, es decir, la comercialización de ellas para desahogar a los sistemas colapsados de Salud Pública, coexistiendo las dos alternativas, la de Centros Gratuitos de Vacunación y posibilidad de realizarla en privado, pagando el costo de la vacuna.

Con reglas establecidas, sin competencia con el Estado y teniendo respeto al mercado y desde él, ¿no se ha pensado esta posibilidad en nuestro país? Sabemos que, en un momento dado y públicamente, las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados, sin embargo, la realidad siempre desborda las intenciones.

Por ejemplo, en Costa Rica, desde el mes de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió una resolución que detalla los pasos requeridos para obtener la autorización de uso e importación de las vacunas, una vez que los desarrolladores de ellas cuenten con las posibilidades de colocar su producto en el sector privado.

En nuestro país, el Gabinete de Salud, con su Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, tiene que mejorar su ejecución. La idiosincrasia dominicana lo necesita.