El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2024 sometido al Congreso Nacional en septiembre pasado, cuyos ingresos RD$1,140,680.7 millones, es ciego al género, una consideración que es transversal a la vida misma.

La mitad de este país somos mujeres con necesidades diferentes de la otra mitad, y las políticas económicas y sociales, a través de los presupuestos públicos, debe reflejarlo para que haya igualdad de oportunidades y equidad, un compromiso que el Estado dominicano administrado -por quien sea- tiene asumido solo por democracia, además de ser signatario de decenas de acuerdos internacionales.

El presupuesto nacional -que no es neutral al género- es un instrumento principal del Estado por reflejar las prioridades y, en este presupuesto presentado, una vez más, el mandato constitucional de caminar a la igualdad, ni se entiende ni aplica.

Para el año 2021, según el Informe del secretario general de la ONU sobre los avances hacia los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de toda la planificación programática dominicana -al menos en teoría- en América Latina y el Caribe, hasta 2021, sólo 13% de los países contaban con sistemas de monitoreo de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género. Y neciamente, permanecemos en el 87% negativo.

En marzo pasado al entregar para la región la publicación Presupuestos con Enfoque de Género, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, afirmaba que: “Tradicionalmente se asume que el presupuesto es neutral desde el punto de vista del género, dado que se hace pensando en la población en general. Pero, los presupuestos públicos no son neutrales al género porque pueden contribuir a disminuir y revertir las inequidades sociales, o por el contrario a reafirmarlas y profundizarlas”.

Solo por mirar el fenómeno de la Violencia de Género Contra Mujeres y Niñas, VGCMN, en nuestro país, la referencia de 70 millones de pesos en el proyecto de ley presentado al Congreso dominicano, para la “Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales” por Procuraduría General de la República, por ejemplo, es de consternación por ignorar la magnitud de una realidad estadísticamente comprobada como terrible en el país. Las víctimas que genera la VGCMN se amplían y su recuperación es una inversión en sanar la sociedad misma, con implicaciones en sus propias raíces.

A estas alturas resulta incomprensible que quienes “nos manejan”, sepan tan poco de nuestra realidad y de su propio compromiso político.

Es noviembre.