La creencia de que el Poder Legislativo es el primer poder del Estado está muy popularizada y, también, es muy vieja. Se remonta a los tiempos en que el barón de Montesquieu concibió y publicó su tesis de los tres poderes públicos, en su célebre obra El espíritu de las leyes.
Pero esa es una creencia errónea. No importa que sean muchos los que piensan de esa manera ni que su origen abarque centurias. La mentira no cambia su naturaleza. No se convierte en verdad, ni por la cantidad de los equivocados ni por la antigüedad que exhiba.
Las sociedades que se organizaron en el mundo al modo de la democracia representativa, adoptaron los planteamientos de Montesquieu. Esa democracia representativa es la fisonomía política y jurídica del sistema capitalista, fundamentado en la propiedad privada sobre los medios de producción.
Nuestro pueblo siguió ese modelo desde que se proclamó la república. Aprobó la primera Constitución, la del 6 de noviembre de 1844, mejor conocida como la Constitución de San Cristóbal. Su liberalismo quedó malogrado por el artículo 210 que impuso el general Pedro Santana. Ahí nació nuestro Estado. Pretendió ser burgués, pero terminó siendo hatero.
Ciertamente, así fue. Las constituciones que hemos proclamado, y van 39, se han mantenido fieles a la idea de los tres poderes del Estado. Así lo consagra el artículo 4 de la que tenemos actualmente. Establece que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Para quienes no saben que las palabras no son inocentes ni impunes, como nos enseñó el Premio Nobel José Saramago, lo que se dice se lo lleva el viento. Ignoran la trascendencia y consecuencias de las palabras. Poco les importa que se diga y se crea que el Poder Legislativo está por encima de los demás poderes del Estado. Pero esa falsedad es muy peligrosa.
Recientemente el país vio el comportamiento de los miembros de una comisión de la Cámara de Diputados que visitó al Ministro de Educación. Y cómo el jefe de esa comisión le recordó al funcionario, con una pregunta capciosa, que el Poder Legislativo era el primer poder del Estado.
El Ministro le respondió correctamente, que él representaba un poder independiente.
Ahí está la peligrosidad de los conceptos equivocados. No existe ni primero ni segundo ni tercer poder del Estado, aunque en algún orden debían ser mencionados en la Carta Magna.
Ninguno de los poderes del Estado es superior a los otros. Cada uno tiene sus atribuciones, competencias y potestades independientes e indelegables. Y se complementan en su interrelación. Ni el Judicial ya es la Cenicienta. Este poder puede inaplicar o anular las normas dictadas por el Legislativo o el Ejecutivo, y hasta puede arruinar a las personas que resulten culpables.
