Se ejerce buen periodismo si uno o dos reporteros logran enterarse de la hora exacta en la noche cuando el Ministerio Público entregaría al juez de Atención Permanente la acusación formal sobre el expediente Medusa o si un periodista consigue copia de ese escrito.

No hay razones para el enfado cuando medios de comunicación tradicionales o digitales, por propia diligencia, obtienen documentos o incidencias cuyo contenido pueden divulgar de manera privilegiada, aun sean las más de 12 mil páginas que conforman el pliego de esa acusación.

Lo que no parece justo es que desde la Procuraduría General se ejerza privilegio o discrimen en la distribución a la prensa de esa documentación o que se dosifiquen de manera conveniente datos relevantes, con el objetivo de lograr adhesiones colectivas o incidir en el proceso por vía de la prensa.

En El Nacional sabemos leer de corrido e interpretar fielmente lo que se revela o se hace constar en un expediente de esa magnitud, por lo que no necesitamos que el Ministerio Público traduzca en su provecho textos escritos en buen español o castellano.

A lo que se aspira es a que la Procuraduría General entregue en igualdad de condiciones documentos jurídicos oficiales, que como la acusación formal en el caso Medusa poseen la condición de públicos, aun estén contenidos en 12 o 20 mil páginas, sin pretender jerarquizar tesis o pretensiones procesales.

A causa del evidente discrimen en que incurre el Ministerio Público, no ha sido posible, por ejemplo, profundizar datos relevantes como el de los delatores privilegiados que han sido excluidos del expediente, incluido a quien figura en el caso como el armador de la supuesta trama criminal.

El ministro de la Presidencia ha solicitado una licencia para ausentarse de sus funciones porque un hijo suyo y una empresa familiar han sido involucrados en el expediente Medusa, pero lo que hasta ahora se sabe sobre ese particular es lo que el Ministerio Público quiere que se sepa.

El Nacional sabe cómo escudriñar la noticia en cualquier escondrijo oficial, por lo que no necesita ni solicita ningún tipo de privilegio, pero tampoco acepta discrimen convenenciero como el que se aplica en la distribución de informaciones sobre el caso Medusa.