La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) afirmó que para la reducción del déficit de viviendas en el país, se debe aprobar una Ley de Alquileres, en la que se den incentivos legales e institucionales a los inversionistas, de manera que éstos inviertan en la construcción de viviendas para alquileres.

La entidad estimó que no todas las personas que en la actualidad carecen de vivienda están en condiciones de adquirir una nueva, pero estarían dispuestos a alquilar una a largo plazo.

Los directivos de Acoprovi indicaron que cuando hablan de incentivos no se refieren a incentivos fiscales, sino a que éstos se canalicen a través de reglas claras.

Te recomendamos leer: Sector privado sostiene el 87% de la inversión en construcción en República Dominicana

Indicaron que estos incentivos deben ser impulsados por una adecuada voluntad política.

Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi./Foto José de León

Los planteamientos fueron externados por Annerys Meléndez, presidenta y los vicepresidentes Guido Rosario y Rafael Aybar, durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Meléndez dijo que cuando se refieren a incentivos al sector, hablan de temas como la seguridad jurídica, que sería la clave para atraer inversiones para la construcción de viviendas destinadas a ser alquiladas.

Dijo que esa seguridad jurídica sería garantizada con la ley de alquileres, pero que también es necesario que exista una Ley de Desalojos, que permita solucionar los conflictos que puedan surgir entre los inquilinos y propietarios de los inmuebles.

Alza de costos

La presidenta de Acoprovi dijo que el sector construcción, y dentro del mismo el de viviendas, está seriamente afectado por el alza de los costos de los materiales de construcción.

Citó que desde el inicio de la pandemia de la covid-19 en el 2020, a diciembre del pasado 2024, el costo de la vivienda se incrementó en un 50 por ciento.

Este incremento fue impulsado por el alza de dos productores fundamentales en la construcción que son el acero y el cemento.

El primero subió en un 55 por ciento en ese período, mientras que el segundo lo hizo en un 60 por ciento.

Atraer inversiones

La presidenta de Acoprovi dijo que al garantizar la seguridad jurídica en el sector de la construcción, pero particularmente en el segmento de las viviendas, sería beneficiosa para los propietarios de inmuebles destinados a alquiler.

Pero citó que también podría ser un incentivo para atraer capitales que actualmente no tienen ese sector como blanco para la inversión.

Particularmente se refirió a los fondos de pensiones, que disponen de cientos de miles de millones de pesos, que podrían ser, con la seguridad jurídica garantizada ser canalizados al financiamiento de viviendas destinadas a ser alquiladas a largo, que generarían ingresos importantes en el largo plazo.

Permisología

Rafael Aybar, segundo vicepresidente de Acoprovi, dijo que la demora para obtener los permisos necesarios debido a la multiplicidad de aprobaciones que involucran al cabildo, y los ministerios de Turismo y Medio Ambiente impactan directamente en el costo final de las viviendas, encareciendo los proyectos para los promotores y, en consecuencia, para los compradores.

Dijo que a pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia, los procesos actuales resultan lentos y generan un incremento en los costos financieros. Propuso modernizar las plataformas de gestión y mejorar la coordinación interinstitucional, elementos fundamentales para reducir los retrasos en la emisión de permisos, para aumentar la competitividad del sector y para estimular la inversión en nuevos proyectos habitacionales.

Salarios

La presidenta de Acoprovi dijo que los trabajadores de ese sector tienen dificultad para participar en la seguridad social, debido al escalamiento de los salarios.

Citó que si un trabajador participa cinco días en una obra y se le cobra por la seguridad social, ese cobro es como si hubiese trabajado por un mes.

De manera que si en un mes trabaja cinco días cada semana en una obra diferente, tendría que pagar por cada lugar en cual laboró.

Ese, dijo, es uno d elos principales obstáculos para que los trabajadores de la construcción estén en la seguridad social. Eso se debe a que el salario de los trabajadores se calcula sobre la base del salario mínimo general, no sectorizado.

Eso da como resultado que cuando trabajan en diferentes empresas, el sistema los registra como si estuvieran trabajando a tiempo completo, lo que les reduce considerablemente los beneficios.

El resultado es que los trabajadores de la construcción se resisten a estar afiliados al sistema de seguridad social.

Déficit de viviendas

Uno de los temas tratados en el almuerzo se refirió al monto real del déficit habitacional en el país.

Los directivos de Acoprovi indicaron que República Dominicana, tiene un déficit habitacional de un millón 464 mil 995.

Meléndez, presidenta de la organización, el déficit habitacional cualitativo que presenta el país, es decir, el que se refiere a la falta de viviendas en términos de calidad, es de 1 millón 073 mil 372.

Mientras que en términos cuantitativos, que hace referencia a la falta de viviendas en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de la población, es de 391 mil 623.

El ritmo de construcción de viviendas no permitiría en el corto plazo lograr la reducción del déficit de viviendas, razón por la cual los directivos de Acoprovi instaron a legislar para que el grueso de inversiones vaya a la construcción de viviendas para alquiler.

Fondo de pensiones

Los directivos de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), que participaron en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, plantearon que en el país se desarrolle una adecuada seguridad jurídica, que incluiría la aprobación de una Lewy de Alquileres y una Ley para Desalojos, que permita la atracción de inversores en el sector de la construcción de viviendas destinadas a ser alquiladas, ya que no todas las personas tienen la capacidad de adquirir una casa propia. Indicaron que uno de esos potenciales inversiones sería los fondos de pensiones que financiarían la construcción de esas viviendas que al ser alquiladas a largo plazo aumentarían sus ganancias