Orlando Gómez
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Ya iniciada la conversación sobre la eventual reforma tributaria en la República Dominicana, no estaría de más considerar algunos incentivos fiscales menos tradicionales que complementen los objetivos primarios detrás de este esfuerzo. Tradicionalmente los incentivos fiscales se enfocan en estimular el consumo o la inversión en un sector económico en específico, pero ahora, donde nos abocamos a una reforma fiscal que si bien podría no ser integral sí debería justificarse con algunos sacrificios en el gasto del Estado, podemos empezar a considerar incentivos fiscales para el desarrollo de soluciones que abaraten los costos operativos del Estado.
Resulta evidente que el Estado dominicano necesita mucha data de todo tipo que pueda mejor documentar su toma de decisiones, y por igual necesita muchos desarrollos tecnológicos que le permitan reducir sustancialmente sus costos y eficientizar sus procesos. Si bien de forma tradicional esto se ha tratado de suplir desde adentro hacia afuera, el Estado asumiendo el tipo de data y tecnología que necesita y requiriéndola a través de los procesos tradicionales de compras y contrataciones, este tenderá a sacar mayores beneficios de que sean sus usuarios, todos los dominicanos, los que detecten sus fallos y puntos ciegos y que les aporten soluciones.
Partiendo de lo anterior entiendo que sería muy provechoso que, aprovechando la coyuntura de la reforma fiscal, el Estado introduzca la figura de créditos fiscales como resultado de las mejores operacionales o desarrollos tecnológicos que el sector privado le ofrezca que impliquen ahorros significativos en sus procesos y operaciones. En efecto, crear dentro del sector privado toda una industria de soporte a las operaciones del Estado a cambio de un crédito fiscal proporcional a los ahorros o beneficios que aporten esos desarrollos para el Estado.
Esto no debería limitarse únicamente a desarrollos tecnológicos en software o hardware, sino también a data de cualquier naturaleza, y recabada de conformidad a nuestras leyes, que le permita al Estado tener visibilidad sobre actividades o patrones que de otra forma no tendría conocimiento, esto a los fines de que cualquier negocio o industria no solo pueda acceder al crédito fiscal sino a que el esfuerzo sea equitativo para todos.
Este esquema de incentivo fiscal primero que nada estaría creando un estímulo de inversión en investigación y desarrollo sin precedentes en la República Dominicana, un área en la que lamentablemente nos hemos destacado de manera negativa.
Pero en segunda instancia se estaría enfocando esa inversión hacia desarrollos que tenderían a reducir costos y optimizar las operaciones del Estado sin costos directos para este, apalancándose en el capital e ingenio del sector privado para brindarle soluciones que le permitan ahorros sustanciales.
Si vamos a conservar incentivos fiscales debemos utilizarles para crear un círculo virtuoso donde esos incentivos den forma a una industria de crear optimización en las operaciones del Estado de forma que este pueda hacer mucho más con mucho menos y sacar más beneficios de su reforma fiscal que a una aspiración abstracta y poco realista del incremento de la presión tributaria sin consideraciones de su propio gasto.
