Tras casi cinco décadas de control político, represión sistemática y limitaciones severas a las libertades públicas impuestas desde la Revolución Islámica de 1979, la población de la República Islámica de Irán ha roto el silencio.

Desde finales de diciembre de 2025, el país es escenario de una ola de protestas de gran magnitud contra el régimen teocrático-republicano encabezado por el ayatolá Ali Jameneí, máxima autoridad política y religiosa del Estado iraní.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente impulsadas por el colapso económico, la inflación desbordada y el desplome del rial iraní. Sin embargo, en cuestión de días, las protestas evolucionaron hacia un movimiento de carácter nacional, político y abiertamente contestatario, dirigido no solo contra las políticas económicas, sino contra la propia estructura del régimen.

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Irán, país estratégico de Oriente Medio que limita al norte con Armenia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Turkmenistán; al este con Afganistán y Pakistán; al oeste con Turquía e Irak; y al sur con el golfo Pérsico y el mar de Omán, atraviesa actualmente uno de los episodios de mayor inestabilidad interna de su historia reciente.

El epicentro inicial se localizó en Teherán, capital del país, situada al pie de la cordillera de Alborz. Desde allí, la protesta se extendió rápidamente a más de un centenar de ciudades y localidades, entre ellas Isfahán y Fardis (centro-norte), Mashhad (noreste), Tabriz (noroeste), Shiraz (suroeste), Bandar Abbas (sur), así como Kermanshah y Hamedán (oeste). En todas estas zonas se han registrado enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con reportes internos y estimaciones de organizaciones de Derechos Humanos, la represión ha dejado hasta la fecha más de quinientas personas fallecidas, centenares de heridos y miles de detenidos. La respuesta del Estado ha incluido el despliegue masivo de fuerzas antidisturbios, uso de gases lacrimógenos, (munición no letal) y detenciones arbitrarias.

Uno de los momentos más críticos se produjo el 8 de enero, considerado el punto de inflexión de la crisis. Ese día, en medio de una escalada de protestas y consignas abiertamente dirigidas contra el liderazgo supremo, el gobierno ordenó un apagón casi total de internet y de las telecomunicaciones, con el objetivo de limitar la difusión de información y aislar a los manifestantes. Lejos de apaciguar la situación, la medida intensificó la confrontación y elevó el número de víctimas.

Valentín Rosado Vicioso