La reglamentación de los salarios en el sector público, para lo que existe una ley que no se aplica, ha vuelto a ocupar la atención de la Iglesia católica y otros sectores a raíz del problema sanitario. Se ha reclamado desde una reducción de los sueldos que perciben muchos funcionarios hasta un verdadero ajuste en las retribuciones.

La ley 105-13 consigna un tope de 450 mil pesos mensuales, que sería el ingreso del Presidente de la República.

Ningún funcionario, sin importar que la institución sea autónoma o descentralizada, debe ganar ni siquiera un centavo más que el mandatario. Sin embargo algunos se acercan al millón o lo superan, amén de otros privilegios irritantes. Con la ley salarial son muchos los recursos que se economizaría el Gobierno, que pudiera destinarlos a los programas de emergencia que ha tenido que aplicar a causa de la pandemia.

Con la legislación no hay ya que realizar ningún estudio, pues se supone que todos están hechos. Lo que está por ver es si las autoridades tienen las agallas para aplicar una medida que además de sensata es reclamada por distintos sectores como parte del cambio político.