Contradicción en sentencia
Además del aporte semántico con nueva acepción del término tránsito, la histórica sentencia TC168/13 del Tribunal Constitucional (TC) contiene una contradicción resaltante en dos líneas consecutivas de su parte dispositiva tercera respecto a pretensiones de la accionante. La corte constitucional ordena a la Junta Central Electoral que “(i) restituya en un plazo de diez laborables, contados a partir de la notificación de esta sentencia, el original de su certificado de declaración de nacimiento a la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre;”. Esto era lo que demandaba la amparista y con esa disposición se le complace, pero el TC fue más allá y aquí está la contradicción, al agregar que la Junta: “(ii) proceda a someter dicho documento al tribunal competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez o nulidad;”.
Entonces, surge el cuestionamiento lógico: La JCE es único organismo estatal competente y con atribución exclusiva para emitir copias o extractos de declaraciones de nacimiento asentadas en libros de registro, los cuales se reputa con fe pública hasta inscripción en falsedad.
De lo anterior se deduce que al ordenar que ese documento sea sometido al tribunal competente su validez o nulidad, la JCE admite que expide certificaciones falsas y carentes de legalidad, es decir, que el Estado es generador de ilegalidad.
Es como si usted fuese a buscar copia de su cédula, pasaporte o licencia de conducir, por ejemplo, y luego de obtener el documento tiene que someterlo a otra instancia del propio Estado para que establezca si tiene o no validez. Y para coronar su obra, en el (iii) del mismo dispositivo, la sentencia es más abarcadora aún al ordenar que la JCE “proceda de la misma manera respecto a todos los casos similares al de la especie, con el debido respeto a las particularidades de cada uno de ellos, ampliando el aludido plazo de diez días cuando las circunstancias así lo requieran”.
POR: Carlos Manuel Estrella
