Con el reclamo a sus funcionarios de apretarse los cinturones, el presidente Danilo Medina ha enviado al Congreso el Proyecto de Presupuesto General del Estado del 2013, por un monto de 530 mil 846 millones de pesos, que incluye el 4% para la educación y mil 050 millones de dólares para el sector eléctrico.

Por los lamentos y reclamos de poderes públicos e instituciones del Poder Ejecutivo, se deduce que los panes y los peces que se atisban en ese proyecto no alcanzan para satisfacer expectativas aun definidas como moderadas, al punto que el propio mandatario se sitúa entre los afectados por reducciones de partidas.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Central Electoral (JCE) han puesto el grito al cielo por las bajas asignaciones y advertido que no podrían ejecutar programas básicos de sustento y fortalecimiento de sus respectivas instituciones y hasta en algunos casos se advierte sobre despidos masivos.

El caso más emblemático ha sido el desconsuelo que la prensa atribuye a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, a quien una foto de primera página la presenta con rostro lloroso antes de advertir que el programa Progresando, que impulsó como Primera Dama, posiblemente no podrá seguir funcionando por recortes presupuestarios.

Esa iniciativa procuraría que centenares de miles de familias, que reciben transferencias presupuestarias para la subsistencia puedan insertarse en el ámbito productivo y mejorar calidad de vida a través de la capacitación y emprendurismo, lo que serviría de contrapeso al programa Solidaridad, que representó este año inversiones por unos once mil millones de pesos.

Lo prudente sería que el mandatario y la vicepresidenta acuerden fórmulas para que ese proyecto cónsono con la promesa de mejorar la calidad de gasto y redistribuir el ingreso en base a los principios de equidad y justicia, sobreviva a las limitaciones presupuestarias, aunque para todo lo demás debería prevalecer el criterio de que cada cual se cubra hasta donde alcance la sábana.

Se ha dicho que el Gobierno tendría como meta reducir el gasto en unos 91 mil millones de pesos, equivalente a casi un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), aspiración ambiciosa que requeriría de un sacrificio mayor al clamor presidencial de apretarse los cinturones, más aun si se toma en cuenta el difícil entorno económico internacional.

A la economía dominicana no le queda de otra que transitar el camino de la austeridad o frugalidad sin incurrir en exageraciones que contraigan aún más sus reducidas perspectivas de crecimiento y expansión. Ojalá que, como ha sido diseñado, el Presupuesto General del Estado sea de verdad un instrumento de desarrollo y que Dios confiera sabiduría al presidente Medina para que pueda repartir con justicia y equidad los peces y los panes.