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¿Quién ordenó asesinar a Jovenel Moïse?

¿Quién ordenó asesinar a Jovenel Moïse?

Un análisis del periódico El Tiempo de Colombia titulado «Fichas, claves y cabos sueltos del magnicidio en Haití», trata de dar respuesta a dos grandes interrogantes sobre la muerte del presidente Jovenel Moïse: ¿quién ordenó asesinarlo? ¿los colombianos están involucrados en el magnicidio o fueron utilizados para desviar la investigación?

A continuación el análisis:

Doce impactos de fusil y de pistola 9 mm, orificios de bala en su frente y en cada pezón, tres disparos en la cadera, otro en el abdomen, y su brazo y pie derechos fracturados.

La necropsia del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, y varias cámaras de seguridad están dejando en evidencia lo que ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 julio, en Pétion-Ville, el exclusivo barrio de Puerto Príncipe en donde está ubicada la residencia del mandatario.

Agencias de cuatro países están investigando quién está detrás del magnicidio de Moïse, quien llevaba 5 años al frente de ese convulsionado país.

En las calles de su capital, hordas de ciudadanos y autoridades desplegaron una cacería de los miembros del comando armado que estuvo en el lugar del crimen. Mientras tanto, el primer ministro, Claude Joseph, declaró el estado de sitio.

Como si las cosas no pudieran estar peor, 24 horas después del magnicidio, el comandante de la Policía, León Charles, soltó una carga de profundidad. Reveló que 26 colombianos conformaban el comando armado, tres de los cuales fueron aniquilados en la Rue Pinchinat, en Pétion.

Para ese momento, Charles ya tenía en sus manos un informe con datos de los exmilitares que el presidente Iván Duque había ordenado elaborar con sigilo para las autoridades haitianas. Además, se pactó que personal de inteligencia de la Policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) apoyarán en terreno la indagación en la que ya avanza el FBI.

Reclutadores y Hérard

Sin que la investigación siquiera tome impulso, la noticia de que exmilitares colombianos estaban involucrados en el magnicidio le dio la vuelta al mundo. Internacionalmente se habla de Colombia como una cantera de mercenarios, residuos del conflicto interno.

Por ahora hay constancia de que hay 7 civiles y 13 exmilitares –dos oficiales, tres suboficiales y ocho soldados (todos retirados)– implicados en los hechos. Pero son más.

A través de un familiar, EL TIEMPO tuvo contacto con uno de los militares colombianos, quien narró cómo terminó acorralado en Haití, después de ser un uniformado condecorado.

A él, dice, lo contactó el sargento viceprimero (r.) Duberney Capador, de 40 años, quien murió después del operativo. Capador estuvo asignado a la Brigada 30 de Cúcuta, hasta enero de 2020, la misma del carro bomba de hace 4 semanas. Pero más allá de ese detalle, se le ubica como uno de los reclutadores, aunque allegados lo niegan

También se indaga si Marco Antonio Palacios, quien viajó con el grupo, tiene ascendencia haitiana. Y el FBI rastrea si la empresa de seguridad privada de Dimitri Hérard, el jefe de Seguridad del Palacio Nacional, contactó a los colombianos.

Además, se quiere establecer qué hizo Hérard en su viaje relámpago a Ecuador el 22 de mayo de este año –país donde fue entrenado, en 2012–, y que incluyó una escala en Bogotá.

Dimitri Hérard ya venía siendo investigado por presunto tráfico de armas. Y está citado a declarar la próxima semana, junto con Jean Laguel Civil, coordinador de Seguridad del presidente Moïse.

Las autoridades quieren que expliquen cómo permitieron que el presidente fuera torturado con saña y luego asesinado en su propia residencia; por qué nadie del anillo de seguridad resultó herido y cómo ingresó el comando armado sin ser detectado y sin que hubiera siquiera un intercambio de disparos.

Según el exmilitar colombiano contactado por EL TIEMPO, en Haití ocultan información. Dice que el ingreso de colombianos a ese país fue rápido y sin preguntas. Y les dijeron que estaban siendo contratados por el Gobierno.

“Como en mayo o junio, se creó un grupo de WhatsApp en el que empezaron a ofrecer el trabajo. La idea era prestar seguridad en sectores golpeados por bandas de secuestradores, en especial una que opera en Laule 12. Además, proteger al presidente si se requería. Ofrecían entre 2.300 y 2.800 dólares al mes, dependiendo del entrenamiento”, explicó.

Y agregó que, para enganchar gente, hubo reuniones en hoteles de la zona de Corferias, en Bogotá.

“Van los que tengan pasaporte al día, curso de comando, de lancero o de Fuerzas Especiales”, se lee en uno de los mensajes que le llegó.

Y en otro se lee: “Lleven dos camisetas negras y dos pantalones caqui mientras llega la dotación (…). Van a recibir armas largas y cortas (…). Nos vamos”.

“Varios tenían esos cursos, entre ellos Capador, Manuel Grosso y Francisco Eladio Uribe Ochoa, que estuvieron juntos en el Batallón de Chiquinquirá, Boyacá”, dice un investigador.

Grosso (primo lejano del consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín) fue chofer de confianza del jefe del Estado Mayor de la Brigada de Fuerzas Especiales, en Tolemaida. Y Uribe, miembro del Gaula Militar, en donde terminó involucrado en ‘falsos positivos’.

Ahora, los colombianos capturados están pidiendo que las autoridades revisen las cámaras de seguridad. Allí, dicen, quedó registrado que el presidente fue asesinado hacia la 1:30 a. m. Y el comando de colombianos llegó hacia las 2:40 a. m.

Dos de los detenidos declararon que acudieron al lugar porque les reportaron una balacera. Y, además, que ellos socorrieron a la primera dama, Martine Moïse, gravemente herida.

Pero los estadounidenses, de origen haitiano, capturados –James Solages y Joseph Vincent– han dado una versión diferente. Dicen que fueron a la casa del presidente para hacer efectiva una orden de detención de un juez y no para matarlo.

En todo caso, a investigadores les llama la atención que el reclutamiento en Colombia –que se habría apoyado en cuatro firmas de seguridad privada locales– se dio poco después de la decisión de Moïse de permanecer en el poder un año más.

Ese anuncio desató la ira de la oposición y de algunos poderosos (del sector energético, bancario, de la construcción e incluso jueces) y líderes de varios partidos, ya muy molestos por el hecho de que Moïse viniera gobernando por decreto desde el 2020, ante la no realización de elecciones para el Congreso en octubre de 2019.

De hecho, el mandatario ya había advertido que sabía de un plan para asesinarlo o darle un golpe de Estado, a pesar de que convocó a elecciones el 26 de septiembre.

Incluso se cree que la fractura en su brazo, encontrada en la necropsia, se debió a que lo quisieron obligar a firmar su dimisión.

Pero, en lo penal, los dos grandes interrogantes son: ¿quién ordenó asesinarlo? y ¿los colombianos están involucrados en el magnicidio o fueron utilizados para desviar la investigación?

La manera como se pagó el desplazamiento de los exmilitares –que se movieron desde Bogotá, vía aérea, por Panamá y República Dominicana– podría aclarar para quiénes trabajaban.

También arrojaría pistas saber quiénes alquilaron las lujosas casas en las que los hospedaron. Una de estas, ubicada en el exclusivo barrio Thomassin, fue ocupada meses atrás por Magalie Habitant, del partido haitiano PHTK, aliada del presidente Moïse. Según salió a explicar, un abogado se la había alquilado a ella.

Y ha llamado la atención que James Solages, uno de los estadounidenses de origen haitiano capturados, trabajó para Sogener. Se trata de la electrificadora vinculada a la familia del fallecido expresidente René Preval. Sin embargo, Solages aseguró que encontró por internet la oferta de ser traductor del grupo de exmilitares.

Pero en Haití muchos ya intuyen quiénes son los responsables: alfiles de Moïse, incluido su embajador en Colombia, Jean Mary Exil, han dicho que la guerra que este desató contra la corrupción, con miras a ejecutar un cambio estructural, tenía incómodos a muchos.

Agentes federales, mientras tanto, custodian la habitación del Hospital Jackson Memorial, de Miami, en donde está la primera dama.

Ella es el camino más corto para saber qué pasó. De hecho, el sábado empezó a dar pistas. En un audio, de 2 minutos y 20 segundos, atribuyó el ataque a “mercenarios que no dejaron ni mediar palabra” a su esposo.

Y asegura que fue eliminado por el deseo de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución.

En Colombia, algunos sectores arremetieron contra el Ejército y el Gobierno por la falta de control sobre los militares altamente entrenados que pasan a retiro. Pero para el doctor en derecho internacional Eric Tremolada, es poco riguroso ligar lo sucedido en Haití con el Gobierno o el Ejército.

“Al no ser agentes del Estado, el tratamiento que tendrían es el de criminales comunes y corrientes ante la justicia haitiana. Mientras no sean militares activos, Colombia no tiene que asumir responsabilidad internacional”, explica el académico.

Y John Marulanda, cabeza de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), salió a rechazar que se intente estigmatizar al Ejército. Y advirtió que una cosa es contratar militares (r.) calificados, como los colombianos, para labores de seguridad, y otra, echar mano de mercenarios, una actividad proscrita en el ámbito internacional.

“No fue una operación de comando para abatir a un objetivo. Más parece una emboscada”, puntualizó Marulanda.

En la clasificación que el Departamento de Estado hace sobre países vinculados al tráfico de drogas, Colombia y Haití siempre aparecen. Por eso no se descarta que mafias del narcotráfico hayan articulado el plan para asesinar al presidente Jovenel Moïse, en conjunto con otras fuerzas.

La DEA considera que la isla es el centro de distribución de la cocaína que se produce en Colombia (y se dispara desde Venezuela) y de la marihuana de Jamaica.

La corrupción de su sistema judicial y el poco control de sus fronteras marítimas son capitalizados por poderosos carteles.

República Dominicana ha dicho que en julio empieza a construir un muro para cerrar la frontera con Haití, debido al alto contrabando de carros, trata de personas, narcotráfico y delincuencia.

“Esa amplia frontera es propicia para que se den hechos como el de ingreso de mercenarios”, dice John Marulanda, cabeza de Acore y consutor internacional en seguridad.

El Nacional

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