Constitución y delincuencia

La sociedad dominicana está atrapada entre lo que dice la Constitución y la realidad económica, social y política en que vive el pueblo. No hay que ser un sabio para darse cuenta de que la Carta Magna dice una cosa y en los hechos se practica otra; que las personas tienen muchos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, pero que no alcanzan a disfrutarlos en la realidad. Es evidente el divorcio que existe entre el Derecho y la vida ciudadana. Y así no puede ni debe ser.

Ferdinand Lassalle, el eminente jurista alemán, tendrá vigencia permanente en nuestro país si no logramos superar la antinomia constante que padecemos entre la Constitución escrita y la Constitución social o los factores reales de poder que tenemos.

Lassalle afirmó que cuando la Constitución escrita no está en consonancia con la Constitución social, la primera no pasa de ser un simple pedazo de papel. Hasta el doctor Joaquín Balaguer se apropió de la idea y la expresó como si fuera suya. Muchos indocumentados se la atribuyen todavía.

Nuestra Ley Fundamental, en el artículo 7, como si fuera un sueño, dice: “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Para elevarnos al ideal de vida, en el artículo 8 consagra: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”

Y para que a nadie le quepa dudas, en el artículo 74.4, nuestro Pacto Social consagra: “Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.”

Entonces, cómo es posible que el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, nos informe que “La economía dominicana creció en julio de este año un 7.5% de su producto interno bruto (PIB)”. Y que “… el ingreso promedio real de los trabajadores dominicanos al cierre de 2014 es prácticamente igual al vigente en 1991, pese a la productividad aumentar 65.5% en esos 23 años.”

Además, dijo que esos bajos salarios fomentan la delincuencia. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), dolido, dijo que eso no es verdad. Pero lo que les pagan a los trabajadores no les alcanza para comer, no reponen ni las energías que gastan en el trabajo.
Si esto es un real Estado Social y Democrático de Derecho, que venga Dios y lo vea.