El barrilito

Costoso privilegio

No basta con que el Senado acatara la suspensión por tres meses del barrilito, como dispuso la Junta Central Electoral (JCE) en el marco de sus facultades para regular los procesos de votación. El programa a través del cual los legisladores se asignan recursos para supuestas obras de caridad tiene que ser eliminado por no corresponderse con la función de los congresistas.

El fondo es una distorsión que solo contribuye a fomentar el clientelismo y el parasitismo político y social. El barrilito de los senadores y el cofrecito de los diputados tienen que ser suprimidos de una vez y por todas y los recursos consignados en el Presupuesto por ese concepto que sean utilizados por el Gobierno a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la violencia de género o cualquier otro proyecto. No puede ser que el Congreso cueste al contribuyente 135 millones de dólares al año, convirtiéndose en el más costoso de la región, que es mucho decir.

Y para colmo sin cumplir con su verdadera función: legislar en beneficio de los intereses nacionales. No personales. Los presidentes del Senado, Cristina Lizardo, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ayudarían a restaurar la deteriorada imagen de los cuerpos legislativos con renunciar a los recursos.