Decisión prudente, auditoría OEA

Con la aceptación de un tercero imparcial para investigar el “sabotaje” en los equipos del voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE) que motivó la suspensión de las votaciones del domingo, el Gobierno ha iluminado una salida al conflicto en que ha derivado el proceso.

Aunque pudiera verse como tardía o resultado de las crecientes presiones populares para que se aclare el inquietante percance, es sensato que el Gobierno se echara a un lado en las pesquisas y respaldara que el trabajo lo hagan la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES).

La decisión anunciada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, evidenció al mismo tiempo la falta de independencia, en el mejor de los casos, del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Después que se había detenido y sometido al técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, y al coronel de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, como participantes en la falla en los equipos de la JCE, el Ministerio Público tuvo que dejar el proceso sin efecto.

Regalado y Guzmán Peralta, quien es jefe de seguridad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, fueron dejados en libertad de manera pura y simple a petición del Ministerio Público.

La JCE no había establecido la causa de la falla en el sistema cuando la Policía decidió realizar las investigaciones, por demás altamente cuestionadas. Con el aval del Gobierno a la OEA, Uniore y el IFES se espera que se despejen todas las incógnitas en torno a la suspensión de las votaciones municipales. E incluso bajen las tensiones.