La posibilidad de posponer las elecciones, como han planteado diferentes sectores a raíz de la expansión del coronavirus, ha cobrado forma con la solicitud de la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos de que emitan sus opiniones al respecto. Si bien la institución tiene la potestad de tomar la decisión, es obvio que una resolución de tanta importancia no puede adoptarse sin el consenso de las fuerzas políticas y sociales. Por ausencia de peso y crédito político de los proponentes en principio se veían como voces aisladas los planteamientos de que se aplazara la celebración de las votaciones congresuales y presidenciales del 17 de mayo próximo a causa de la pandemia. Pero el incremento del número de muertos y de afectados, así como la extensión de la cuarentena y el estado de emergencia cuestiona las condiciones para que las votaciones garanticen la más amplia participación del electorado. En cuanto al voto en el exterior ya Estados Unidos ha advertido que no permitirá aglomeraciones y en otros países como España y Francia es muy difícil que se pueda sufragar a causa de la epidemia. La sensatez demanda la suspensión de las votaciones, pero esa decisión tendrán que acordarla, como solicitó la JCE, los partidos políticos. Al margen de cualquier decisión no ha de olvidarse que las elecciones son la expresión de la voluntad popular, en las que debe garantizarse el mayor número de participantes. La JCE, que no ha pausado en la organización del proceso, ha dado un paso importante con la opinión sobre las votaciones solicitada a los partidos.
