Ningún conglomerado merece poseer la condición de sociedad civilizada si el secuestro y asesinato de un niño no llega a estremecerlo, como ha debido ocurrir al conocerse la tragedia del menor Rafael Eduardo, de cuatro años, desaparecido de su hogar hace 13 días y cuyo cadáver fue encontrado a orillas del río Ozama con signos de violencia y tortura.

Tan desgarradora ha sido esta historia que difícil ha sido para la madre del infante poder aceptar las evidencias de que el cuerpecito encontrado corresponde al de su vástago, raptado mientras jugaba en un área de estacionamiento del sector Invivienda, Santo Domingo Este.

Ministerio Público y Policía han conferido la mayor trascendencia a las investigaciones sobre ese caso, al punto de que el jefe de la Policía ha visitado a la atribulada familia de Rafael Eduardo y prometido esclarecer el caso.

Las autoridades arrestaron un vecino del hogar donde residía el niño, a quien acusan de cometer el secuestro y posterior asesinato, pero el abogado del imputado alega que la Fiscalía carece de elementos probatorios para sustentar esa acusación, que dice está basada en respuestas contradictorias que ofreció durante los interrogatorios que le formularon.

Es mucho lo que falta en términos de investigación criminal y forense para poder esclarecer de manera definitiva tan horrendo caso, desde el hecho mismo de determinar por vía de pruebas de ADN, si el cadáver encontrado corresponde al niño asesinado.

El jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, había revelado que varios familiares cercanos y vecinos del niño serian investigados para determinar posible participación en el secuestro y muerte de Rafael Eduardo. También confirmó la existencia de un vídeo en el que se ve a dos hombres con un niño parecido al infante montado entre ellos sobre una motocicleta.

Desgarra el alma sólo pensar el sufrimiento que padeció ese niño de cuatro años, raptado, golpeado y asfixiado por auténticas bestias que no pararon mientes en que el objeto de su crimen era una criatura de cuatro años.

Fiscalía y Policía están severamente comprometidas a esclarecer este horrendo caso que consterna a la sociedad dominicana y recabar pruebas fehacientes que permitan someter a los tribunales a los asesinos a quienes se desea con todo fervor que se pudran en la cárcel.