El título de estas líneas consigna un principio económico-financiero de aceptación general. En ese sentido, voy a referirme a las ventajas que se derivan a favor de la economía nacional cuando las autoridades del país actúan con apego al mismo.
Como premisa de lo arriba expresado, empiezo por citar la proporcionalidad que debe prevalecer en la ejecución del gasto. Esto así, porque se trata del uso de recursos que aporta la ciudadanía en general, por lo que el efecto de este debe ser equitativo.
Para verificar que lo requerido en el párrafo anterior se cumple, es necesaria la existencia de un método de registros transparente que permita evaluar pertinencia y justificantes de los desembolsos; eficiencia en el uso de estos; y, eficacia de los resultados obtenidos.
Como se puede observar, lo expuesto hasta este punto tiene que ver con la Razonabilidad del Gasto Publico. En adición, es importante mencionar los beneficios que aporta a la economía del país cumplir el referido principio. Veamos: a) Permite rendir cuentas con transparencia, b) Promueve la eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos y, c) Colabora con la lucha anticorrupción, toda vez que, la transparencia facilita el trabajo de auditoría.
Al termino de estas líneas, quiero referirme al concepto “calidad del gasto”, debido a que, en ocasiones el monto de una partida de gasto suele ser el indicador para evaluar su calidad. En la práctica no siempre es así. Hago esta afirmación, porque experiencias vividas me han enseñado que con eficiencia se obtienen soluciones oportunas y eficaces a situaciones complejas e importantes.
Ojalá que nuestras autoridades ejecuten el Presupuesto General del Estado (PGE), con mayor apego a la Razonabilidad de Gasto Publico.
