SANTIAGO. Residentes en varios sectores de la ciudad de Puerto Plata, así comorepresentantes de federaciones y juntas de vecinos, se manifestaron opuestos a la construcción de una estación de gas licuado de petróleo en las inmediaciones de esos lugares, por entender que viola la ley que regula sus instalaciones en lugares habitados.

La protesta fue encabezada por moradores de las urbanizaciones Marapicá y La Estancia, así como en el barrio Coca Cola, quienes aseguraron que la ubicación de ese negocio allí pone en riesgo su salud.

En protesta pacífica, cientos de personas residentes en estas localidades reclamaron ayer a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio desautorizar esa construcción que, según sus declaraciones, afecta a las familias residentes en la zona y las inversiones hechas en el lugar.

“Es una injusticia de primer grado, por lo que nos hemos empoderado de esta situación que consideramos como un verdadero abuso de poder de las autoridades que nos representan en el municipio, porque somos personas trabajadoras y honestas”, dijo Luz Mejía, presidenta de la Junta de Vecinos Barrio Coca Cola y Marapicá.

La planta distribuidora de gas licuado de petróleo se construye entre La Rotonda y la entrada a Playa Dorada, y según los quejosos, atenta contra el medio ambiente.

Además de Mejía mostraron su rechazo Leonor Burgos, de la Junta de Vecinos La Estancia, de Marapicá, y Kenia Desangles, de la Federación de Juntas de Vecinos de Puerto Plata, entre otras entidades y organizaciones.

De su lado, el viceministro de Industria y Comercio con asiento en Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, mostró su preocupación por el conflicto generado por esa construcción, que dijo viola con todos los requisitos necesarios para avalar una estación de gas licuado de petróleo.

“Siempre hemos rechazado que funcionarios públicos se olviden de sus funciones y para las que fueron designados y se conviertan en acumuladores de riquezas”, expresó Crisóstomo.

Tildó de “inoportuna e inadecuada” la construcción, que según ha trascendido, es propiedad del empresario Miguel Mézquita, que tiene el aval del alcalde de Puerto Plata, Walter Musa.