El presidente Luis Abinader anunció ayer que a partir del 6 de abril el Gobierno iniciará un programa de recompra de armas ilegales en manos de civiles, que tendrá como objetivo reducir episodios de muerte y violencia, el cual tendrá la colaboración de instituciones sociales, sindicales, comunitarias, religiosas y empresariales.

Para sustentar la necesidad y urgencia de ese programa, el mandatario dijo que de 238 mil armas registradas, solo 50 mil cuentan con permiso legal y estimó que por cada arma autorizada en las calles circulan entre una y tres, por lo que se han convertido en un problema de salud pública y de seguridad ciudadana.
Puede ser que la puesta en marcha de ese programa incentive a muchas personas a canjear por dinero pistolas, revólveres y otros pertrechos, en el entendido de que se deshacen de un problema, pero resulta poco probable que los delincuentes consuetudinarios acepten la oferta.

Tiene razón el Presidente al señalar que programas de compra se han realizado en otras naciones como Brasil, México, Australia, Argentina, Nueva Zenlanda y Estados Unidos, pero es oportuno señalar que nunca ha sido la panacea para instaurar un régimen efectivo de seguridad ciudadana.

Para garantizar su efectividad, el programa incluye un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen o decomisen armas en sus labores y a personas que colaboren en su localización, lo que desataría una fiebre, no de oro, sino de revólveres y pistolas ilegales.

La recompra de armas es solo una arista de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno, que abarca el saneamiento y modernización de la Policía, creación de una unidad policial para combatir delitos y crímenes de género, reinstalación de patrullas de carreteras, hasta la verja perimetral en la frontera.

Resulta absolutamente imprescindible que ese conjunto de acciones que encamina el Gobierno tenga como propósito principal desalojar de las calles a la delincuencia que literalmente ha puesto de rodillas a una ciudadanía cobijada en manto de miedo.

Un componente esencial de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana debe ser la justa redistribución del ingreso, oportuna atención a la juventud, a la niñez, a la mujer y a la familia, mediante la promoción de empleo, educación, vivienda, cultura y deportes. La dilatada ausencia de ese deber oficial obliga hoy a recomprar armas ilegales.