El Gobierno requiere de un endeudamiento adicional a través de emisión de bonos y operaciones de crédito público por 202 mil 320 millones de pesos para poder cubrir hasta diciembre los programas de asistencia social, así como para mitigar la crisis del coronavirus y otras obligaciones pendientes del año fiscal.

La Cámara de Diputados aprobó ese presupuesto complementario y se da por descontado que también lo ratifique el Senado, porque parte de esos recursos se destinarían a incrementar las partidas de los ministerios de Salud Pública y Educación.

Previamente el Congreso había aprobado un monto adicional de 150 mil millones de pesos también para financiar el programa de mitigación de la covid-19 y los subsidios a empleados suspendidos y familias en condiciones de vulnerabilidad, entre otras urgencias presupuestarias.

El momento parece propicio para advertir sobre el pronunciado incremento del déficit fiscal, matizado por la combinación de baja significativa en las recaudaciones con inusitado incremento del gasto público, lo que debería inducir a Gobierno y sector productivo a reflexionar en torno a ese acuciante escenario.

Las autoridades prevén una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de -1.6% con relación al año 2019 y una caída real de -4% con respecto al año anterior, lo que podría ser peor si en los próximos cuatro meses no se logra mitigar la caída del turismo.

Se ha dicho que a causa del obligado oleaje de endeudamiento el servicio de la deuda pública, en pagos de intereses se incrementaría de un 23% a un 31%, sin señales de una recuperación de la economía a corto plazo ni del incremento de los aportes por ingresos fiscales.

Se resalta el esfuerzo que realiza el Gobierno por ahorrar o identificar fuentes alternas de recursos por vía de eliminar, fusionar o disminuir las funciones de instituciones oficiales enfermas de macrocefalia, pero debería advertirse que ese remedio alivia solo como una aspirina.

Desde el litoral del Gobierno se afirma que el endeudamiento público alcanzaría este año el nivel del 51 % en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), pero algunos economistas lo sitúan en un 61 % del PIB. Estas líneas no procuran alarmar ni exagerar, solo motivar a la reflexión colectiva.