El presidente Danilo Medina ha designado por decreto una Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional, nuevo intento por relanzar a la institución auxiliar de la Justicia y garante del orden público, que desde hace tiempo urge de una reingeniería mayor que la ubique a la altura de una sociedad auténticamente democrática.

Esa comisión, integrada por el ministro de Interior, el procurador general y el propio jefe policial, tiene la encomienda de elaborar un proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía, para lo cual se le instruye a requerir cooperación internacional.

La Policía, como ente de auxilio del servicio judicial y en su rol de prevenir y perseguir la comisión de crímenes y delitos, ha quedado desfasada, convertida en un cuerpo represivo, anquilosado y distanciado de una población que aún alberga el temor de que delincuentes persigan a delincuentes.

Lo primero que debería establecerse es la obligación del Estado y de la sociedad de financiar el costo de la seguridad ciudadana, que debe traducirse en salarios y compensaciones laborales honorables a los miembros de la institución policial.

Se requiere de una revisión total de la membrecía policial, pero también del tipo de desempeño que tendría frente a la ciudadanía y ante el Ministerio Público, por lo que debería establecerse con meridiana claridad, si la Policía, además de su rol de custodia del orden público, actuaría también como Policía Judicial.

La sociedad de hoy requiere de una policía con elevado estándares técnicos en el orden de la prevención y la investigación, mejor equipada y libre de ataduras políticas o corporativas, cuya misión fundamental sea la de servir al ciudadano ordinario.

El presidente Medina debería aquilatar el compromiso que ha asumido al integrar esa comisión de reforma policial, compelida a cumplir cabalmente con el compromiso de diseñar el tipo de ordenamiento jurídico y las fuentes de financiamiento de lo que sería una nueva institución completamente adheridas a los anhelos colectivos de seguridad ciudadana y respeto a la ley.

Ante la espiral de violencia y delincuencia, la evidente falta de conexión entre Policía y Ministerio Público y el anacronismo que afecta a ese cuerpo, se impone que esta vez el Gobierno cumpla la promesa no de reformar, sino de crear una nueva Policía Nacional.