Frecuentemente escucho a los dirigentes políticos, tanto del gobierno, como de la oposición, economistas, abogados, etc., hablar sobre la necesidad de producir cambios estructurales en la República Dominicana.

Todos están en lo cierto. Hay que producir “cambios estructurales”, pero de palabra. En este país los ricos no quieren pagar impuestos, los pobres los pagan de manera indirecta. La evasión fiscal, dicen los expertos, es cerca del 40%, la energía eléctrica nadie la quiere pagar. Los fraudes son enormes. Nadie quiere pagar la energía que consumen. Ni los de arriba, ni los de abajo. Las empresas distribuidoras están virtualmente quebradas.

El subsidio del gobierno al sector eléctrico es casi un suicidio. Un sector, tanto del gobierno como privado, creen que la solución es la privatización.

La informalidad es otro serio problema: solo el 43% de los trabajadores son formales, el resto, 56.8%, es informal, según el Banco Central.

La carga impositiva del país dice que es muy baja, que debe ser aumentada para reducir el déficit fiscal. Todo lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Banco Central del país, puede que sea cierto. ¡Y de hecho lo es, en gran medida! La reforma es inevitable, mientras más rápido, mejor, lo mismo que la reforma a la Constitución.
Ahora bien, creo, ya lo he dicho, que debemos propiciar una gran reforma política, comenzando con el Estado, que es demasiado grande, para un país tan pequeño como el nuestro, de apenas 27 mil 400 kilómetros cuadrados.

Los políticos han descuartizado el territorio creando provincias, municipios y distrito municipales que solo han servido para aumentar el gasto corriente y la nómina pública. (31 provincias, un Distrito Nacional, 155 municipios y 228 distritos municipales) ¡Una barbaridad!.

De igual modo 190 diputados y 32 senadores. (exoneraciones, barrilito, cofrecito, regalos para las madres, para el padre, para los niños, etc.) ¡Otra barbaridad! Un “diputado de ultramar” que no aporta nada, igual que los del “Parlacen”, 22 en total, incluyendo los expresidentes y vicepresidentes de los países miembros (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana) que reciben pensiones millonarias privilegiadas) Más de dos millones de dólares anuales paga el país por su membrecía, ¡Uf! ¡Otro escándalo!.

Y ni hablar de la corrupción que durante la “Era del PLD” (20 años) el país fue literalmente llevado a la quiebra con la venta de los bienes públicos, el desfalco y la impunidad) se llevaba entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto, según los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Reducir el tamaño del Estado es imperativo