POR: Hugo A. Ysalguez
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Aunque en el país existe una excesiva cantidad de egresados de las Escuelas de Derecho, es improcedente el proyecto de la Suprema Corte de Justicia que trata de regular el ejercicio de la abogacía, limitando el ingreso a las Facultades de Ciencias Jurídicas y asumiendo un control absoluto del ejercicio de la profesión.

De acuerdo con estadísticas de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Colegio de Abogados tiene alrededor de 50 mil miembros y unos 28 mil estudiantes estudian la carrera de Derecho en las diversas universidades del país, lo que origina una sobrepoblación de letrados. Se cita que nosotros somos el único país del mundo donde tenemos un profesional del área por menos cantidad de habitantes. Por ejemplo, Francia, nación que es la cuna de nuestra legislación, tiene 66 millones de habitantes y solamente cerca de 25 mil abogados.
En España hay 120 mil abogados registrados, la mayoría de los cuales dedicados a otras actividades.

También aquí ocurre que muchas personas con títulos de doctor o licenciado en Derecho se dedican a otros oficios, principalmente laboran en oficinas públicas en arias que no son afines con su título académico. Nada de lo que hemos expuesto, es motivo para imponer restricciones al ejercicio del derecho. El proyecto de la Suprema viola los artículos 39 y 96 de la Constitución de la República. El primero establece el derecho a la igualdad que concede las mismas libertades, derechos, oportunidades, sin ninguna discriminación.

Y el segundo indica quienes son las personas e instituciones que tienen derecho a iniciativas en la formación de las leyes, y entre ellos está la Suprema que tiene la facultad de presentar iniciativas de leyes en asuntos judiciales, y el proyecto en cuestión desborda ese límite.