Amnistía Internacional reitera la infame acusación de que el Estado dominicano fomenta o permite la apatridia que afectaría a hijos de inmigrantes haitianos, al tiempo que pretende inhabilitar una sentencia del Tribunal Constitucional, leyes, y reglamentos que fijan el alcance y consolidan el control migratorio.

Con pretendida autoridad imperial, ese organismo exige la revisión o revocación de todo el ordenamiento jurídico nacional, a los fines de imponer un criterio sobre nacionalidad contraria al estatuido por el constituyente dominicano y consignada en la ley adjetiva.

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional establece que no ostentan la nacionalidad dominicana los hijos de indocumentados, pero ordena regularizar la situación migratoria de los ciudadanos que resulten afectados, mandato que los poderes Ejecutivo y Legislativo cumplieron cabalmente.

Por tratarse de una interpretación de Cartas Sustantivas vigentes desde 1929, no obra el principio de irretroactividad de la ley, porque el tribunal de control constitucional validó el criterio del constituyente, de que, en lo relacionado con la nacionalidad, prevalece el jus sanguinis tiene alcance absoluto y el jus solis, limitado.

La apatridia no existe ni puede existir en República Dominicana porque la Constitución ni la ley adjetiva despojan de ese atributo ciudadano; la sentencia del TC fija el alcance de la nacionalidad y ordena regularizar la situación de quienes se encuentren en situación migratoria irregular.

El Plan Nacional de Regularización se constituyó en respuesta efectiva, adecuada para que ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular legalizaran su situación para que afectados por el fallo del TC, obtengan la ciudadanía dominicana.

En su infame informe, AI reclama al Gobierno de Haití permitir que hijos de haitianos o éstos puedan adquirir o reclamar esa nacionalidad, “ si así lo desean”, con lo cual ese organismo admite que la mentada situación de apatridia tiene su origen en que el vecino es quien niega otorgar su gentilicio a sus propios descendientes.

El documento emitido por Amnistía Internacional constituye una versión renovada de la infamia que ese organismo alimenta y mantiene contra República Dominicana, por lo que su contenido merece el rechazo total y absoluto, en el entendido de que aquí no existe ni se fomenta la figura de la apatridia.