La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que el nivel de pobreza en la región se incrementó en 2020 en 22 millones de personas, incluidos ocho millones que pasaron a la pobreza extrema, niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.

A causa de la pandemia de la covid-19, el número de pobres y muy pobres aumentó a 209 millones de latinoamericanos, cuyas condiciones de desigualdad y desocupación y participación laboral empeoraron, pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los gobiernos.

El presidente Luis Abinader dijo que por el programa de subsidios y asistencia ejecutados por las autoridades el índice de pobreza en República Dominicana se habría estacionado en un 20%, en vez de un 27%, lo que significaría una población aproximada de dos millones de personas en el umbral de la pobreza.

Se estima que la crisis económica causada por la quiebra bancaria durante el periodo 2002-2004, produjo la migración de 1.2 millones de personas desde clase media a pobreza moderada y desde ese nivel a pobreza extrema, cifra que ha tardado más de 15 años en retornar a su situación económica anterior.

La CEPAL llama la atención en torno al bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales, desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, falencias que en menor o mayor medida afloran en República Dominicana.

La economía dominicana experimentó gran alivio al moderar su tasa de disminución desde un 29% del PIB, en marzo del 2020, a -1% en diciembre del mismo año, con proyección de crecimiento para 2021 superior al 5%, pero esa mejoría no es suficiente para cambiar el lúgubre cuadro de la pobreza dibujado por la CEPAL.

Sin restar valor ni trascendencia a los grandes proyectos anunciados por el presidente Abinader, que en su momento impactarán positivamente sobre la economía, se requiere con urgencia que el Gobierno diseñe un programa para ejecución a corto y mediano plazo que ayuden a frenar el éxodo obligado de millones de ciudadanos hacia la pobreza y la marginalidad.

Los megaproyectos que se construirían bajo el esquema de alianza público-privada (puertos, presas, autopistas, plantas, extensión del Metro, etcétera), tienen tiempo y recursos a su favor, pero el carcinoma de la pobreza requiere atención urgente antes de que haga metástasis sobre gran parte de la muy débil anatomía social.