En el Poder Judicial ha sido detectada una posible tumoración maligna que pudo haber hecho metástasis en áreas vitales de administración de justicia a nivel de cortes y tribunales de primera instancia de varios distritos judiciales, incluidos el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Para extirpar un incipiente o extendido cáncer venal en el orden judicial se requiere aplicar en forma rápida y decidida el régimen de consecuencia, que incluye las correspondientes sanciones disciplinarias y penales a jueces contra quienes se compruebe la comisión de prevaricación.

Tal y como advierte la magistrada Mirian Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, las graves acusaciones vertidas contra seis jueces afectan a todo el orden judicial que debe sustentarse en la confianza de los justiciables, o dicho de otra manera, ese escándalo ha puesto en grave riesgo la confianza en la Justicia.

La población no parece en ánimo de acudir a otro teatro circense ni presenciar farsas o comedias sin principio ni final, por lo que Ministerio Público y Suprema Corte de Justicia están compelidos a aliviar la frustración ciudadana por vía de acciones que revelen absoluta voluntad de higienizar el servicio judicial.

De lo que se habla en el Ministerio Publico es de un conciliábulo criminal de jueces de diferentes jurisdicciones que supuestamente producen sentencias y diligencias procesales para beneficiar a imputados de narcotráfico, sicariato, lavado de activos, y corrupción a cambio de dinero.

Ante tan grave escarnio, la Justicia está obligada a juzgarse a sí misma y producir acciones de tipo punitiva, disciplinaria y de profilaxis en magnitudes y profundidad que se correspondan con la falta imputada y que permitan recoger aun sea parte del lodo derramado.

Es claro que auxiliares de la justicia, entre los que se incluyen a fiscales y abogados, tienen también que bañarse con cloro de legalidad y transparencia, porque no deberían proclamarse libres de la extendida epidemia de amoralidad, no sin someter sus actuaciones a rigurosos inventarios de legitimidad.

El momento es oportuno para que Estado y sociedad acudan en auxilio del Poder Judicial y lo liberen del diagnóstico de cáncer de la corrupción que lo corroe, antes de que haga metástasis en órganos esenciales y se le declare inhábil para administrar sana justicia y ejercer su papel de árbitro de la convivencia social.